Identidad e Integración Europea en un Mundo Globalizado (I)

De: Manuel Javier Delgado Martínez
Fecha: Noviembre 2012
Origen: Noticias Jurídicas

Sumario:

Resumen:

La realidad mundial globalizada impone sus implacables reglas; por ello, la unidad política/integración económica entre los pueblos europeos se hace cada vez más indispensable para mantener la prosperidad y bienestar en el continente. El presente trabajo trata de demostrar como ese ideal unitario/integrador ha de hundir sus raíces en el acervo común de los principios o valores (democráticos y solidarios), encarnados por la civilización europea desde el siglo XVIII en adelante; así, también será objeto de análisis la necesidad de una Europa que, en pos de los anhelos de sus primeras instituciones comunitarias, lidere dignamente el Concierto de las Naciones.

I. Introducción.

Tal vez convenga partir de una pregunta básica, la cual sirve como estructura o soporte primario donde apoyar cuanto digamos desde este momento; ¿qué es Europa? o, mejor dicho, ¿qué papel debería desempeñar la organización internacional, ahora conocida como Unión Europea, "en el concierto mundial de las Naciones"?. Y, al hilo de la anterior, ¿qué queda hoy de los ideales/valores, políticos/económicos, donde se forjaron las primeras instituciones comunitarias europeas -relativas al carbón/acero (CECA), mercado común (CEE) y energía atómica (EURATOM)-, allá en la segunda mitad del siglo XX?. Las respuestas a las anteriores preguntas no parecen asunto baladí, puesto que el sentido o tenor de las dos últimas interrogantes estará directamente relacionada con el cariz mediante el cual contestemos la primera.

Como hemos señalado al inicio de este trabajo, definir qué somos es, quizás, la única manera sensata de precisar, igualmente, cual debe ser ese papel que nos corresponda jugar en el terreno de las relaciones internacionales; la búsqueda de nuestra identidad también nos permitirá descubrir cómo han pervivido hasta hoy los ideales y valores sobre los cuales se construyeron dichas instituciones comunitarias, tras las ruinas en las que se convirtió nuestro continente por causa de la segunda guerra mundial. En todo caso, cabe definir el concepto Europa bajo múltiples ángulos y perspectivas. Así, desde la geografía, ésta abarca una pequeña península situada en uno de los extremos del Continente Asiático, llegando sus confines desde el Mediterráneo y Atlántico hasta los Urales; atendiendo a consideraciones culturales, etnográficas y religiosas, el "continente" europeo sería el hogar de la cultura/civilización del mismo nombre, cuyo "mantillo" es tributario del pensamiento filosófico griego/Derecho Romano y la moral/ética judeocristiana. Así mismo, la modernidad (el periodo histórico que abarca desde 1492 -la conquista de América- hasta 1914 -la primera guerra mundial-) trae un creciente etnocentrismo de nuestro continente, toda vez que el poderío colonial de sus respectivas metrópolis (sobretodo, Reino Unido, Francia, España y Portugal) se fue extendiendo sobre el entero orbe; precisamente, ese pasado colonial implica, también, una clara responsabilidad, de orden moral, sobre aquellos pueblos de América, Asía, África y Oceanía, otrora sometidos [ver Fernández (2010), pp. 3-8].

En cuanto a la mitología, recordemos que Zeus se enamoró perdidamente de Europa (única hija de Agenor y Agríope y, a su vez, hermana de Cadmo, Fénix, Cílix, Taso y Fineo), debido a su piel blanca; presa de dicho sentimiento amoroso, Zeus envió a Hermes para que llevase un rebaño de ganado, propiedad de Agenor, a la costa de Tiro, donde Europa y sus compañeras solían pasear. El propio Zeus se unió a la manada disfrazado de toro blanco como la nieve, con grandes papadas y pequeños cuernos como gemas entre los cuales corría una sola raya negra. Europa quedó sorprendida por la belleza del animal, y, encontrándolo manso como un cordero, consiguió sobreponerse al temor y empezó a jugar con él, poniéndole flores en la boca y guirnaldas en sus cuernos. Finalmente se subió a horcajadas sobre él y le dejó vagar con ella a cuestas hasta la orilla del mar. De pronto él se zambulló en el agua y empezó a nadar, mientras ella, aterrorizada, miraba atrás a la orilla, asiéndose con una de sus manos al cuerno derecho y sujetando con la otra un cesto con flores. Zeus se acercó a la costa de la cretense Cortina, donde se transformó en águila y violó a Europa en un bosquecillo de sauces junto a un arroyo, o, según dicen algunos, bajo un sicomoro siempre verde. Ella le dio tres hijos: Minos, Radamantis y Sarpedón. Agenor envió a sus hijos a buscar a su hermana, prohibiéndoles regresar sin ella [Graves (2009. 1ª ed. 1955), p. 216].

Desde el punto de vista histórico, la democracia nace en la polis -ciudad/Estado- griega de Atenas; así mismo, nuestro continente no puede entenderse sin el estudio de cómo han ido desarrollándose sus ciudades a lo largo del tiempo. La ciudad europea, como soporte de una serie de valores culturales y el acervo patrimonial de quienes la habitan, supera lo puramente físico ⁽¹⁾ [4] ; los confines urbanos "determinan" el origen y la cuna de nuestra actual civilización occidental y judeocristiana. Así lo entendieron los pueblos de la antigüedad -Grecia y Roma- que, con su eterno magisterio, "alimentaron" la esencia del pensamiento europeo, guía de la mejor tradición respecto al digno progreso humano en lo económico y social. Las antiguas Polis -Ciudades Estado Griegas-, correspondientes a la más rancia y añeja antigüedad en la historia de los hombres, eran unas organizaciones territoriales de poca extensión; tales unidades territoriales contaban con una pequeña ciudad en su interior. Ser ciudadano y, en consecuencia, pertenecer a una de dichas Polis, significaba, entre otros aspectos, los siguientes: adherirse al culto religioso allí predominante, obedecer las leyes de la misma, además de realizar el servicio militar en su defensa. Las mencionadas Ciudades Estado se regían por los ideales de la libertad, autonomía y autarquía, bajo el gobierno de una asamblea, un consejo y unos magistrados.

Siguiendo con el desarrollo del fenómeno que hoy conocemos como urbe, toca aludir al genio de la otrora todopoderosa Roma, digna "hija y sucesora" de Grecia y su inmortal pensamiento; los romanos entendían la ciudadanía como un estatus personal, referente tan solo a quienes eran hijos de otros ciudadanos y, por tanto, libres. La ciudadanía romana va inseparablemente unida a los límites físicos de cada ciudad y sus respectivos residentes; la historiografía de dicho pueblo nos habla de distintos tipos de ciudadanos; así, destacan los "cives romani" -ciudadanos romanos-, personas libres que constituían la clase dirigente, con plenos derechos jurídico políticos -derechos de sufragio, servicio militar en las legiones, etc.- y de acceso a la propiedad. Además de tales cives, existía otra clase de ciudadanos romanos, pero, en éste último supuesto, sin el derecho al sufragio ni el de enrolarse en el ejército imperial; éstos últimos podían servir en las huestes legionarias, encuadrados en los llamados cuerpos auxiliares bajo el mandato directo de un oficial-jefe militar. Por otro lado, los súbditos eran aquellas personas sin derechos ni ciudadanía, provenientes de tribus que se habían rendido a las milicias imperiales; los anteriores no podían portar armas y estaban completamente sometidos a la autoridad de los magistrados romanos [ver Kovaliov (1975), Tomo I, pp. 157-192]⁽²⁾ [5]

A partir de la antigüedad clásica greco-romana, las ciudades europeas cobran mayor peso, desde el punto de vista de las actividades económicas no esencialmente agrarias -es decir, artesanos, pequeños mercaderes-; éstas van a operar como un mercado donde se intercambiaban los más diversos productos. A lo largo del tiempo, las distintas profesiones se unen hasta formar sus propias barriadas en los pequeños burgos; en las casas que formaban tales barrios, se instalaba el taller y la vivienda de los respectivos artesanos. Las urbes eran en ese momento el centro principal de las artes, ciencias y cultura más cosmopolita. Con la llegada del siglo XI, el feudalismo se impone en toda la Europa occidental; dicho sistema supone que el respectivo Señor feudal "tutela y protege" a quienes habitan su territorio, entregándole estos últimos al primero una serie de pagos -tanto en dinero como en especie-. La gran mayoría de la población vivía en pequeñas comunidades rurales, destacando aquellas en las que se celebraban las respectivas ferias o mercados donde intercambiar productos -agrícolas, ganaderos, etc.-.

Hemos de señalar que las concentraciones urbanas, correspondientes a los periodos históricos antes expuestos, son de escaso tamaño y muy dependientes de la actividad agropecuaria del terreno circundante; además, como otra nota característica, las urbes son más bien de carácter rural y disperso, amén de autárquicas puesto que solo podían contar con los recursos económicos que les proporcionaban los alrededores. Las únicas excepciones a tales rasgos son Atenas y Roma, en su época de mayor esplendor; ambas, con unas dimensiones colosales si se comparan con sus coetáneas, toda vez que éstas ejercían un liderato indiscutible sobre la totalidad territorial. Roma, como cabeza del imperio, disponía de los recursos proporcionados por todos los pueblos a ella sometidos; Atenas respondía a idéntico esquema de funcionamiento, si bien de menor alcance comparado con Roma, toda vez que ésta última centró todos sus esfuerzos en expandirse y dominar manu militari las diversas poblaciones adyacentes.

Durante el medievo, San Agustín, en su obra titulada Civitas Dei, contempla la Iglesia Católica como la encarnación de la Ciudad Celestial por antonomasia; esto es, la Iglesia Católica se encarna idealmente de Jerusalén, a modo de ciudad celestial donde reinan en exclusiva tanto el bien como el amor de Dios; dicho autor confronta en la precitada obra las organizaciones políticas y sociales terrenas con esa ciudad ideal antes reseñada. El "mal en el mundo", adorador de los Dioses paganos, reside en otra ciudad; esto es, la de Babilonia. Sin embargo, el ejemplo de las dos ciudades antes descritas, como modelo o paradigma, no debe entenderse en modo literal sino metafórico de algo más trascendente; así, el Santo trata de incidir en cómo sería la convivencia en un reino sometido a las creencias cristianas, donde sus ciudadanos cumplieran fielmente tales dictados. Como bien supo dicho pensador gracias a la propia experiencia vital, esos modelos idealizados operan como puras utopías abstractas; en el mundo real, existen matices, si bien, lo importante es que, quienes "viven en Jerusalén", lo hacen con amor hacia Dios y, por el contrario, cuantos "viven en Babilonia", solo están enamorados de si mismos. Ambas ciudades, entendidas como prototipos abstractos que no se corresponden exactamente con ningún núcleo urbano real, están llamadas a complementarse; ello, desde un punto de vista práctico, tendría un efecto beneficioso: los principios celestiales, fijados por el magisterio eclesial católico, "influirían" sobre las leyes promulgadas por el poder estatal "terreno". La "Ciudad de Dios", al fin, nos trae la presencia divina en el mundo, haciendo posible la llegada del reino celestial entre los hombres que, bajo la guía del amor a la Divinidad, están dispersos sobre la tierra [Bassols (2007), pp. 161-170]⁽³⁾ [6].

Con el siglo XV y XVI, los nuevos descubrimientos -tanto geográficos (la llegada a la América española por Colón, etc.) como económicos y técnicos- traen profundos y significativos cambios; el comercio, ahora a través de las nuevas rutas abiertas por los exploradores europeos con las colonias del continente Americano, Africano y Asiático, se incrementa considerablemente. Las ciudades, eminentemente comerciales del momento, alcanzan un esplendor inusitado (Sevilla y su "casa de la contratación", Lieja y Amberes, las ciudades alemanas que formaron la Liga Hanseática, etc.); los grandes mercaderes obtienen su riqueza de vender las distintas producciones, fabricadas en los talleres artesanos, que se ubicaban en los distintos barrios de las ciudades. Las metrópolis conquistadoras europeas se dedicaron a explotar, sistemáticamente, las distintas riquezas halladas respectivamente en sus dominios coloniales; los ingleses, junto a los holandeses, fueron los primeros creadores de unas compañías dedicadas tan solo al comercio con los territorios de ultramar colonizados. Los habitantes de los territorios conquistados por las metrópolis sufrieron condiciones laborales inhumanas, en régimen de esclavitud casi siempre; las políticas económicas de las diversas potencias colonizadoras pretendían tan solo un objetivo: la consecución del mayor beneficio posible (minerales, mercados, etc.) para el respectivo monarca dominante.

La invención de la máquina de vapor (1.779), así como el increíble desarrollo de la metalurgia, etc., ponen las bases de la llamada revolución industrial; a partir del siglo XVIII, las grandes fábricas movidas por dicha fuerza motriz, cuyo combustible era el carbón, florecen por doquier en las naciones europeas más adelantadas (Reino Unido, Francia, Prusia, etc.). El uso masivo de maquinaria en todo tipo de procesos productivos sustituyó en tal tarea a las personas y animales; además, fue posible la producción de inmensas cantidades de artículos, lo cual impulsó su abaratamiento. En el modelo industrial, aquí reseñado, se edifican enormes urbes, donde concentrar una cantidad increíble de recursos -económicos, técnicos y humanos-, muy interdependientes entre sí a todos los efectos; la necesidad de comunicar más y mejor tales núcleos urbanos -a la vez, también productivos-, motivó el nacimiento de nuevos y más rápidos medios de transporte -el ferrocarril, barcos de vapor, etc.-. La nueva dimensión de la todavía incipiente actividad productiva industrial precisaba mercados más amplios, donde dar salida a cantidades cada vez mayores de productos; esos nuevos mercados son, en numerosos casos, los gérmenes de los sucesivos Estados Nación que, sobretodo en Europa, nacen a principios del siglo XIX.

Las grandes ciudades del entonces naciente capitalismo presentan unas condiciones higiénicas ínfimas, llenas de suciedad y con un gran número de personas viviendo en edificios convertidos en auténticos lodazales; la miseria y fealdad urbana -sobretodo, en las barriadas obreras-, propia de los inicios del sistema capitalista, motivó la repulsa de quienes estaban en desacuerdo con ello. Con todo, el desarrollo económico, fruto de las nuevas técnicas y maquinaria, favoreció mejores salarios para los obreros, junto a una bajada en los precios de los productos esenciales (vestido, alojamiento, alimentación); los sindicatos ingleses, a partir de 1.871, presionaron para que los distintos talleres/fábricas respetaran en todo caso la presencia de unos mínimos indispensables en cuanto a salubridad, seguridad y condiciones de trabajo. Merece el mayor elogio el empeño de las trade unions británicas en lucha contra los centros fabriles (incómodos, insalubres y peligrosos) de la época ⁽⁴⁾ [7]; las propias normativas inglesas vinieron a corroborar entonces dicho esfuerzo sindical, encaminado a evitar, no solo los riesgos para la salud y vida de los trabajadores sino, además, unas condiciones laborales contrarias al bienestar de éstos últimos. Tras la instauración de las precitadas normativas de carácter laboral, contrarias al hacinamiento y mala higiene en los centros manufactureros, disminuyeron considerablemente las respectivas tasas de accidente/enfermedad en el Reino Unido. Los modelos urbanísticos, alumbrados por los llamados socialistas utópicos, ansiaban construir viviendas dignas para los obreros, bien ventiladas y con un mínimo de higiene y seguridad; en claro contraste con las "utopías" socialistas y sindicalistas, el urbanismo "burgués" de la época apuesta por el maquinismo a ultranza, sometiendo a los empleados de los centros fabriles a condiciones indignas de trabajo y salario.

Los arquitectos y urbanistas europeos, contrarios a esa inicial situación misérrima de los trabajadores, empezaron a proponer nuevos diseños arquitectónicos y urbanos, con un evidente contenido social; junto a ello, los diseños arquitectónicos/urbanísticos empiezan a preocuparse de aspectos relativos a la salud/higiene de los obreros, en orden a prevenir enfermedades contagiosas debidas al terrible hacinamiento de la población. Los diversos planes urbanísticos de la época tratan de eliminar las estrechas callejuelas y callejones de los cascos históricos; se opta por las grandes y rectilíneas avenidas y bulevares, de modo que cualquier altercado o rebelión popular fuera fácilmente sometida mediante la fuerza policíaca. Así, nace en 1.850 la llamada ciudad jardín, concebida como un continuum en el espacio urbano, sin barrios "especializados", ni grandes densidades de población. En España, surge la ciudad lineal (1.890), inspirada en la ciudad jardín, pero con un tranvía que, a modo de médula espinal, iba a unir las distintas manzanas de viviendas. La llamada Ciudad Industrial (1.900), se funda sobre el modernismo, cuyo "credo" es el de someter el poder inmenso de las máquinas a la voluntad del hombre; el objetivo es aunar el paisaje industrial y el urbano de forma coordinada y positiva. La industrialización supuso una verdadero "giro copernicano" en cuanto a las comunicaciones, toda vez que éstas pudieron facilitarse enormemente; tras el uso del vapor, sucesivos inventos (el automóvil y el motor de explosión) dan especial relevancia a otras fuentes energéticas (el petróleo) en el transporte de mercancías y personas. A partir de 1.890, con la patente del motor de explosión (Otto), se inicia la era de los vehículos motorizados; las ulteriores mejoras técnicas perfeccionaron considerablemente los rendimientos de los primeros automóviles, facilitándose con ello su posterior producción/venta en masa. Así mismo, otros adelantos -el uso del alquitrán como pavimento en las carreteras, calles, etc.- permitieron que los coches y camiones -cada vez más grandes y veloces- llegaran hasta el último rincón del planeta. Además, las postrimerías del siglo XIX fueron testigos de las enormes migraciones transoceánicas entre Europa y América -sobretodo, USA-, cuyo grueso provenía de las clases populares del viejo continente.

La intensificación de la actividad industrial, entre finales del siglo XIX y el XX, acentúa y profundiza en iguales términos el fenómeno urbanizador; la fuerte y rápida industrialización en Europa (Reino Unido, Francia, Alemania) y USA motivó que las ciudades crecieran en igual medida. A partir de la primera revolución industrial (basada en la fuerza del vapor y el uso del hierro, junto al del ferrocarril y demás progresos de la técnica), la población rural migra mayoritariamente a las urbes. La citada revolución industrial, con un uso intensivo de maquinaria y capital -técnico, sobretodo-, supuso trascendentales cambios -en lo social, económico, etc.- respecto a los siglos precedentes; se pasó entonces del taller artesano, sito en la propia casa del maestro y con un muy escaso volumen productivo, a la "gran fábrica capitalista", llena de una legión inmensa de obreros, ubicada en los cascos urbanos. La necesidad de disponer de abundante mano de obra motivó una mejor paga, para quienes trabajasen en los grandes centros fabriles; los campesinos desempleados emigraron de manera masiva hacia la ciudad y sus inmensas fábricas/talleres, donde, además de un salario más elevado, podrían encontrar un futuro halagüeño y próspero.

A finales del siglo XIX, empezarán a edificarse en Chicago (EEUU) los primeros "rascacielos" como creaciones típicas de la moderna arquitectura; tales modelos constructivos, derivados de los grandes almacenes comerciales en forma cúbica, triunfaron en territorio estadounidense porque, en primer lugar, dicho país era entonces el más rico y, en segundo, esas edificaciones gigantescas permitían el mejor aprovechamiento del amplio espacio disponible. Por el contrario, las viejas ciudades europeas atesoran una larga pátina de siglos, lo cual es visible a través de las transformaciones de su tejido urbano a lo largo de la historia. Las ciudades, sitas en el continente europeo, han desarrollado desde siempre una clara función comercial -celebración de ferias y mercados-; desde esa perspectiva, son destacables las sitas en puertos, marítimos o fluviales, que han gozado en todo momento de una señalada preponderancia ⁽⁵⁾ [8].

A principio del 1900, aparece el transporte público a gran escala en las ciudades más populosas del viejo continente; se trataba así de facilitar la llegada y salida más rápida al correspondiente puesto de trabajo en las enormes fábricas y demás plantas industriales próximas; también, a partir de entonces, la distribución de las inmensas riquezas, fruto del proceso industrializador, va a revertir en mayor grado sobre las ciudades que en el medio rural. Los felices años 20 del siglo XX dieron fe de un enorme progreso económico, cada vez con mayor amplitud social -legislación relativa al salario mínimo, derecho a la libre sindicación, vacaciones, descanso dominical, etc.-; así mismo, las necesidades de las grandes industrias europeas y norteamericanas configuran un nuevo modelo urbano, donde es fácilmente distinguible aquella zona de la ciudad dedicada a centro de trabajo de las otras que sostienen los alojamientos de los obreros -es decir, hay una clara y neta separación entre, de un lado, las zonas urbanas industriales y, de otro, las zonas urbanas residenciales-.

Las sociedades europeas, con motivo de la descolonización de sus territorios de ultramar a partir de 1960, recibieron una gran cantidad de emigrantes procedentes de sus excolonias; tales emigrados iban en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias en el territorio de la antigua metrópoli, llevando con ellos su propia cultura, costumbres, religión, etc.. El resultado de todo ello no fue sino que la vieja y tradicional Europa (blanca y cristiana) se trasformó en una sociedad multiétnica y cultural, gracias a la llegada de una gran cantidad de extranjeros; los sucesos políticos de los años 1980 dieron lugar a un nuevo status quo en nuestro continente. Berlín, la ciudad mártir que sufrió, como ninguna, las consecuencias de la guerra fría entre americanos y soviéticos, alcanzo el grado de símbolo universal; los berlineses padecieron en carne propia los oprobios y la brutalidad del ejército rojo, desplegado en el sector oriental germano, hasta la definitiva reunificación en 1.989. La capital alemana, escenario de una permanente batalla entre el mundo libre occidental y la "dictadura del proletariado" comunista, representó mejor que nadie el significado de la guerra fría; esto es, un mundo dividido en bloques, absolutamente opuestos entre sí y sin posibilidad de reconciliación ni diálogo alguno.

Precisamente, el pasado año 2.009, la capital berlinesa fue condecorada con el Premio Príncipe de Asturias a la concordia; el referido premio se le otorga por representar "el entendimiento, la convivencia, justicia, paz y libertad en el mundo". El Premio, según las actas del Jurado, es un honor extraordinario; éste recuerda, no solo a las víctimas directas del conocido "muro de Berlín" sino, también, a los miles de berlineses anónimos que, contra todo pronóstico, intentaron superar las cicatrices inherentes a la violenta división de su ciudad. La citada capital encarna el milagro de la reconstrucción, tras las cenizas de la segunda guerra mundial; a partir del Berlín reunificado, surge una nueva urbe, creativa e innovadora, que mira al futuro sin temerlo y pretende liderar la Europa unida. La nueva Berlín encarna los ideales políticos europeos, democráticos e integradores, que apuesta por una ciudadanía libre y en paz con el resto del mundo.

El conocido "muro de Berlín" -o, "muro de la vergüenza", para los que peinamos alguna cana- empezó a edificarse el 13 de agosto de 1961, para, según el régimen comunista de la Alemania Oriental, defender al país frente a un posible ataque de la Alemania Occidental; en realidad, los comunistas germano orientales lo que perseguían era evitar la sangría continúa de sus ciudadanos, huyendo a toda prisa. El precitado muro, poco a poco, fue objeto de diversas obras, en aras de una mayor "seguridad"; es decir, matar a todo aquel que intentase cruzarlo hacia la libertad. Lo realmente grave de dicho muro era que éste, no solo dividía físicamente la ciudad berlinesa en dos sectores -respectivamente, uno, pro occidental, perteneciente a la RFA y, el otro, comunista, enclavado dentro de la RDA-; había, además, algo peor: esto es, separaba radicalmente familias, amigos y demás relaciones humanas. Por si fuera poco, las autoridades de la República Democrática alemana cobraban una especie de "impuesto" -desde luego, en marcos alemanes occidentales- a quienes atravesaban el muro, para visitar a sus respectivos familiares, amigos, etc., residentes en la parte oriental de la ciudad berlinesa. Los líderes comunistas de Alemania Oriental se dieron cuenta de lo rentable que era "explotar" la tragedia humana de quienes tenían a sus familiares o amigos bajo ese yugo; de hecho, el último Presidente de la RDA se comunicó con su homólogo al otro lado del muro, para preguntarle cuanto estaba dispuesto a "ofrecer" por permitir el paso masivo de germano orientales hacia el sector occidental.

El final del siglo XX supone un estallido de los flujos de inmigrantes ilegales hacia Europa desde las zonas más depauperadas del globo; las mafias criminales, dedicadas al "tráfico" ilícito de inmigrantes sin papeles, siguen haciendo un suculento negocio con dicha actividad. Los más pobres de África, América del Sur, Asia.. sueñan con disfrutar -para sí o sus familiares- del ilusorio "paraíso" europeo que han visto desde su miserable aldea o arrabal de origen, a través de las cadenas de televisión o radio difundidas por Internet, cable o satélite. Pronto, muchos de esos inmigrantes incautos se dan cuenta de una triste realidad; tal edén no existe y, en su lugar, la inmensa mayoría sufre la inmediata repatriación por la policía del país de destino a aquellos mismos lugares de donde vinieron. Y, esta vez, sin recursos, tras haber gastado todo en el proyecto frustrado de una futura vida mejor lejos de su hogar.

Desde otro punto de vista, la riqueza cultural común de los pueblos europeos se ha ido manifestando, en cada uno de ellos, conforme a su peculiar idiosincrasia; para estos pueblos, vivir siempre ha significado moverse y actuar dentro de un espacio o ámbito común -aunque tal convivencia haya sido, en algunos momentos, pacífica y, en otros, claramente violenta-. Es más; Europa, como sociedad, existe antes que las mismas naciones europeas sobre las cuales ésta se articula; sociedad significa la convivencia humana regida por un determinado sistema de usos [Ver Ortega y Gasset (1983), pp. 247-312]]⁽⁶⁾ [9]. Los valores europeos por antonomasia, a la luz del desarrollo histórico y cultural de nuestro continente, se vinculan al cristianismo (libertad, igualdad, fraternidad), el desarrollo de una ciencia secularizada, el Estado moderno y la defensa de los derechos -individuales y sociales-; esos valores ya han rebasado por completo sus iniciales límites geográficos para definir eso que llamamos "cultura occidental", de vocación universal. Por otro lado, nuestro heterogéneo continente refleja una enorme variedad y diferencia de pueblos y culturas; estas van desde el mundo representado por Roma -y los territorios sometidos a su influjo durante la época imperial- hasta el de las tribus germanas, pasando por las regiones dominadas por la órbita eslava bizantina y ortodoxa ⁽⁷⁾ [10].

Sea este prolegómeno inicial fundamento de las subsiguientes páginas; y decimos bien, cada día se hace más patente la necesidad de una Europa fuerte, tanto en lo económico como en lo político -es decir, forjada sobre los ideales/valores éticos/democráticos que jalonan nuestra historia-. Solo una Europa, unida sobre sus valores tradicionales democráticos y de progreso/justicia social, podrá asegurar la pervivencia futura de nuestro actual modelo de convivencia; además, esa Europa unida tendría mucho mayor peso y relevancia en el plano internacional ⁽⁸⁾ [11]. El "signo" de los sucesivos pasos dados hasta ahora, en pos de la construcción europea, parecen converger hacia un objetivo ineludible; esto es, el progresivo fortalecimiento de sus Instituciones más esenciales y representativas. Sin duda, la tendencia que cabe vislumbrar en un futuro horizonte es la de una clara unificación política sobre la Europa económica ya existente ⁽⁹⁾ [12]; eso sí, haciendo especial hincapié en el carácter democrático del citado proyecto unificador y, por ende, su carácter solidario (vía el Estado del Bienestar). La solidaridad aparece como otro componente esencial del modus operandi democrático europeo, centrado en proteger a los mas desfavorecidos, ya desde la misma revolución francesa -1789- bajo el lemalibertad, igualdad, fraternidad; dicha solidaridad protectora demuestra ahora su faz en la llamada Seguridad Social, entendida como aquel conjunto de medidas y mecanismos que previenen -y, en su caso, remedian- todo tipo de riesgos negativos, de carácter personal o familiar/colectivo -léase, paro, enfermedad, vejez, orfandad, viudedad, etc.-. El modelo hasta ahora vigente de Seguridad Social protegía a toda la ciudadanía, sin exclusión, ya desde su modelo contributivo -cotizaciones trabajador/empresario- como no contributivo -presupuestos generales del Estado- [Fernández (Coord.), 2006, p. 774].

Las últimas reformas legislativas en materia sanitaria, adoptadas por el gobierno español, están reduciendo, de facto, dicha cobertura universal ⁽¹⁰⁾ [13]; así, conforme a la norma aprobada por el gobierno hoy en el poder, tan solo tendrán derecho a asistencia sanitaria aquellos que se encuentren en situación de "asegurados". La falta de asistencia sanitaria para aquellos no "asegurados" -principalmente, inmigrantes en situación ilegal- plantea un serio dilema ético para los profesionales de la salud, que ocupan un puesto de trabajo en el sistema público; el juramento hipocrático establece, en principio, un deber ético o moral de asistencia, por parte de los médicos, hacia todo aquel que lo necesite. El argumento utilizado por el gobierno español para proceder a dicha reforma -en realidad, recorte- del modelo asistencial -universal y gratuito- hasta ahora vigente es el de la consabida "crisis" (económica, institucional y de valores) que ahora nos ahoga; es curioso que, en cambio, otras partidas de gasto público, que no son de carácter social, mantienen la misma cuantía o, incluso, la han aumentado. Vivir para ver. La solución para los actuales problemas económicos no debería de ser la de la simple reducción en el número de beneficiarios del sistema público de salud sino, más bien, una mejor gestión del mismo, conforme a criterios profesionales y técnicos, por parte de personas con los suficientes -y, además, contrastados- conocimientos para ello; en todo caso, economía y ética están llamadas a ir de la mano, en pos de la búsqueda del bien común y la justicia social -una y otra son inescindibles en todo obrar humano-.

Como iremos comprobando a lo largo de la presente obra, la aventura de la construcción europea ha tenido un largo y tortuoso devenir; por supuesto, aparece algún proyecto inconcluso, debido a las propias dificultades de su realización -semejante calificativo merece la llamada Comunidad Europea de Defensa (1954), la cual naufragó sin pena ni gloria por la propia dinámica de la guerra fría posterior a 1945-. Así mismo, parece que las sucesivas ampliaciones, en cuanto al número de Estados Miembros de la Unión Europea, han debilitado, en cierto modo, la solidez política de ésta última; por otro lado, son patentes las enormes diferencias entre los distintos Estados que componen dicha organización, a la vista de sus diversos niveles de desarrollo (político-económico-social). Además, tampoco podemos olvidar la presencia de numerosos gobiernos nacionales claramente "euroescépticos" (desde los simplemente reticentes al proyecto unificador hasta los que se oponen por completo a la cesión de su soberanía); en cualquier caso, la tan deseable unidad política solo será posible, en la práctica, si contamos con un claro e indubitado respaldo de la gran mayoría de los europeos ⁽¹¹⁾ [14].

Precisamente, la evitación de nuevos conflictos bélicos, tras el fin de la segunda guerra mundial, fue el leif motiv necesario para impulsar la primera Institución comunitaria en el tiempo [esto es, la CECA (1951)]; mediante tal instrumento, franceses y alemanes ponían el común aprovechamiento minero-metalúrgico del carbón y el acero, presente en la Cuenca del Rhur, bajo una misma Administración o Autoridad. ¡Quiera Dios que los actuales dirigentes europeos tengan la capacidad necesaria para recrear en este momento similar espíritu de concordia y convivencia pacífica, sobre el cual empezó a edificarse una Europa unida¡.

Hemos de señalar que la Unión Europea, gracias a los acuerdos internacionales que la constituyen, goza de capacidad para promulgar normas jurídicas -con el concurso del denominado Parlamento Europeo-; sus parlamentarios son elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto entre la ciudadanía desde 1979. La citada Unión constituye, hoy, el bloque económico más integrado del mundo, tanto desde el punto de vista del propio mercado interior como de los servicios/productos comercializados a nivel global. Además, dicha organización internacional agrupa en este momento a 502.489,1 millones de habitantes [UE (Unión Europea, de 27 países miembros), sin incluir a Croacia, incorporada en este año 2012], siendo al día de hoy una potencia mundial de talla considerable ⁽¹²⁾ [15]. Por otro lado, los distintos factores/mercados de todo tipo, presentes en la precitada Unión, están sometidos por igual al ordenamiento jurídico adoptado en su seno; ello, sin olvidar el carácter jurisdiccional de su Tribunal de Justicia, dotado de la facultad de dictar sentencias directamente vinculantes y aplicables a los Estados Miembros ⁽¹³⁾ [16]. Así mismo, la Unión Europea es única por su capacidad para dictar normas, directamente aplicables a todos sus miembros, con el concurso del ya aludido Órgano Parlamentario elegido por el conjunto de la ciudadanía; ese rasgo, distintivo y peculiar, de la precitada organización nos hace recordar no solo su vertiente económica sino, también, aquella relativa a los más diversos asuntos de naturaleza claramente política. Desde luego, el reconocimiento de la denominadaCiudadanía de la Unión, a favor de los nacionales de los distintos Estados miembros, acredita la existencia de ambas vertientes, antes reseñadas ⁽¹⁴⁾ [17]. Europa, no es solo territorio físico/geográfico de convivencia entre los pueblos que la forman; ésta presenta una peculiaridad añadida esencial, al encarnar, igualmente, un espacio cultural sobre el que cabe construir, también, la identidad común de sus ciudadanos.

En fin, pese a lo ímprobo del propósito perseguido, intentaremos su exitosa consecución; aunque lo difícil surge tras plantearnos sí la Organización Internacional que hoy conocemos bajo el nombre de Unión Europea debe asumir -o no- los roles inherentes a la soberanía Estatal. Hasta el presente, la soberanía nacional y la Estatal iban juntas y en forma casi inseparable pero, tras la aparición de la citada organización internacional, ¿el vínculo que une pueblo-Estado nacional-territorio-soberanía debe seguir tan indeleble?, ¿cabe reconocer una soberanía constituyente, de ámbito europeo, que rebase los tradicionales vínculos que unen a cada pueblo con su respectivo territorio?; en fin, solo reina la oscuridad, pletórica de una gavilla formada por numerosas dudas y confusiones.

En esencia, lo que aquí planteamos es que solo una Europa unida sobre sus valores democráticos, en torno a la defensa a ultranza de la libertad y la justicia, puede liderar, responsablemente, el concierto económico mundial de las naciones; la gobernanza, como metodología centrada en la participación democrática, parece ser el principal instrumento para afrontar los diversos problemas, de orden global, que hoy nos afectan. Nuestras tradiciones más acendradas deben alzarse como eficaz barrera contra todos aquellos movimientos globalizadores, opuestos al mantenimiento del Estado del Bienestar en suelo europeo; no es posible, tampoco, admitir el menor retroceso en las conquistas sociales hasta ahora logradas, fruto del esfuerzo de varias generaciones desde 1945. En fin, sobre esos mimbres versará, de manera esencial, el presente trabajo; la temática a estudiar resulta muy sugerente, por lo que, para su más acertado examen, aprovecharemos tanto el enfoque económico como el jurídico, efectuando un análisis (complementario, amplio e integrador) de dichas cuestiones. En realidad, la tan cacareada crisis del Euro pone el acento sobre los interrogantes que ya nos planteamos al inicio; es decir, ¿qué queremos ser los Europeos?, ¿qué papel deseamos desempeñar en el mundo actual y en el que está por venir?. Las respuestas a las anteriores disquisiciones determinarán el lugar que nos corresponda en la realidad internacional circundante; ahora bien, ¿es nuestra voluntad la de integrarnos también en lo político o, más bien, seguir como hasta ahora, a modo de loco gallinero donde cada país cacarea y defiende tan solo su propio, estrecho y mezquino interés nacional, de manera egoísta e insolidaria?.

Por el momento, la organización que llamamos Unión Europea conforma el bloque internacional más integrado del planeta; ello es así, puesto que sus Estados miembros no solo le han cedido competencias económicas sino, también, otras de índole claramente jurídico-política. Pero, más allá de todo eso, ¿qué camino tomar ante los desafíos del futuro?, ¿donde está nuestra responsabilidad hacia los demás pueblos de la tierra, ansiosos también de disfrutar del Modelo Social Europeo de libertad, democracia y justicia que, VOLUNTARIAMENTE, nos hemos dado?, ¿debe seguir siendo Europa un ejemplo para el resto del mundo por los asombrosos logros y avances allí conseguidos en lo social-político-económico?; en esa línea, conviene recordar el pasado colonial de las otrora grandes metrópolis de nuestro Continente, toda vez que sembramos entonces entre los pueblos colonizados la semilla de los valores eternos y universales -en esencia, la dignidad y libertad humanas-, propios de nuestra civilización y predicables para todos los miembros de la gran familia humana, sin distingo o excepción alguna.

Una vez referidos en esta parte introductoria algunos de los puntos que sostendrán nuestro trabajo, dilucidaremos las vías por las cuales discurrirá en lo sucesivo la materia aquí tratada. Así, tras la precitada introducción, corresponde esbozar, siquiera de manera sintética o resumida, la naturaleza, verdaderamente singular y única, del largo proceso integrador europeo; recordamos que tal fenómeno integrador puede situarse a principios de los años 50 del pasado siglo, cuando se constituye la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero [CECA (París, 1951)], Comunidad Económica Europea [CEE (Roma, 1957)] y Comunidad Europea de la Energía Atómica [EURATOM (Roma, 1957)]. Tanto el tratado de París [CECA] como los firmados en Roma [CEE y EURATOM] fueron ratificados sin problemas por los respectivos Estados miembros, entrando en vigor en 1958; es importante destacar la permanente preminencia del llamado Derecho Comunitario -es decir, el emanado de los propios órganos constitutivos/institucionales de la Unión Europea- sobre la normativa nacional, dictada ésta última por los distintos parlamentos de los Estados miembros. El siguiente punto ofrece un comentario crítico, constructivo, de todo lo hasta entonces argüido; es decir, escudriñaremos el citado proceso integrador europeo pero, desde el punto de vista de la actual realidad mundial globalizada; la gobernanza surge como un nuevo mecanismo de gobierno, transparente, participativo y democrático, mediante el que regular las relaciones internacionales, hoy globalizadas. Pero, además, la globalización no puede entenderse, desde la perspectiva europea, como un desmantelamiento del Estado del Bienestar hasta ahora imperante. El precitado iter recopilatorio dirige su marcha postrera hacia las conclusiones, poniendo así el oportuno broche final o cierre de todo lo expuesto.

Sin más preámbulo, tras las anteriores líneas introductorias, seguiremos el plan arriba detallado; el siguiente epígrafe compendiará, de forma breve, los principios que -tanto en lo económico como en lo político- sostienen la integración de los diversos pueblos que, en este momento, conocemos bajo la denominación de la Unión Europea.

II. La naturaleza singular del proceso integrador europeo en lo económico y político.

Las presentes líneas tratarán sobre algunas particularidades que caracterizan a la Unión Europea, hasta convertirla en una organización internacional única; así, destaca que el Tribunal de Justicia, perteneciente a dicha organización internacional, sea el máximo intérprete del llamado Derecho Comunitario (tanto originario -Tratados Constitutivos de las Unión Europea- como derivado -Directivas, Reglamentos, Decisiones adoptadas por sus respectivos órganos institucionales-). Por otro lado, es digno de subrayar, igualmente, alguna de las notas características que la doctrina con mayor abolengo y raigambre atribuye al referido Tribunal (entre otros, Linde y Mellado, op. cit., pp. 142-157): éste órgano jurisdiccional aplica una serie de Principios Generales del Derecho que dan consistencia a determinados valores o reglas axiológicas, aceptadas en el seno de la citada Unión; así, tales principios aparecen formulados en distintos planos: los Tratados vigentes, los sistemas jurídicos nacionales de cada Estado miembro y, por último, el cuerpo normativo que encarna el Derecho internacional Público; en cualquier caso, la cultura jurídica europea marca la pauta a seguir en el plano internacional (por ejemplo: la extensión al entero universo de los Derechos Humanos, la Democracia política, el libre comercio, etc.). Es más, tras la aprobación del Tratado de Lisboa (2007), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incorporada al mismo, ostenta igual valor jurídico que el de los Tratados -eso sí, con las matizaciones antes reseñadas-; es evidente que la citada Carta cristaliza los principios que sustentan la concepción europea -y, por analogía, occidental- del modo de vida democrático, como sistema jurídico-político y axiológico.

El derecho proveniente de la Unión Europea goza de primacía respecto al de los Ordenamientos Estatales; el ya referido Tribunal de Justicia reconoce esa superior prelación, cuando afirma que los Estados miembros deben ejercer sus competencias respetando el Derecho Comunitario. Tan solo así es posible admitir el corolario al cual llega dicho Tribunal; esto es, no cabe oponer ningún acto unilateral de los Estados Miembros a las reglas provenientes de la Unión. La primacía del Derecho Comunitario, que reconocen con rotundidad tanto el propio Tribunal de Justicia como los Tratados constitutivos, impone una consecuencia; esto es, la voluntad común -emanada desde las instituciones europeas- debe imponerse sobre la voluntad particular -soberanía Estatal- (Linde y Mellado, op. cit., pp. 231-237). La integración comunitaria, en caso de no existir la primacía antes mencionada, no tendría virtualidad práctica alguna; es decir, no existiría dicha integración si la misma estuviera sometida y condicionada, de forma exclusiva, a esos dictados Estatales, cuyo único interés (el beneficio nacional) resulta por principio egoísta y, por ende, negador de toda colaboración solidaria. La aplicación del Derecho Comunitario hace ineficaz cualquier norma Estatal que lo infrinja; el enfrentamiento entre disposiciones comunitarias y nacionales excluye o invalida, en forma absoluta, éstas últimas.

La esencia del proceso sobre el cual Europa funda su integración (económica y, también, política) abandera la primacía antes indicada, determinando al mismo tiempo los ideales/principios/valores que conforman nuestra identidad común; el éxito de esa integración/identidad -sostenida por el derecho comunitario- en un mundo globalizado, constituye el próximo reto a batir. La voluntad emitida por los respectivos Parlamentos Nacionales, donde se residencia la soberanía, sustenta la fuerza -y, por ende, la legitimidad democrática- de la Europa unida; pero, la citada Unión constituye una rara avis en el plano internacional; así, los países que la forman han construido la entidad internacional más integrada del mundo, donde la organización resultante puede dictar resoluciones, de obligado cumplimiento, para sus Estados miembros. La primacía del Derecho Comunitario es la voz que expresa y aúna la voluntad popular, formada en las distintas cámaras parlamentarias nacionales; ello, sin olvidar, por supuesto, la institución clave del Parlamento Europeo, donde los representantes elegidos directamente por nuestros conciudadanos -vía sufragio plenamente democrático- ejercen las más altas funciones de control/fiscalización sobre el gobierno y presupuesto de la Unión. En todo caso, el referido proceso integrador europeo no deja atrás el sacrosanto respeto por las libertades cívico-políticas, inherentes a una ciudadanía en Democracia, y, por ende, el pleno y necesario sometimiento de todos los Poderes Públicos a la Ley y el Derecho; queda así abierto un futuro contenido político -o, mejor dicho, propiamente soberano- del Parlamento Europeo, cuya legitimidad como genuino representante de la ciudadanía no admite duda alguna.

Europa, como el conjunto de modelos, valores o ideales correspondientes a la cultura judeo-cristiana, con raíces filosóficas que se nutren del pensamiento cosmogónico griego y romano, refleja un específico sentir o actitud vital; la filosofía especulativa nacida en Grecia, el Derecho Romano [el primero que diferencia la noción de lo religioso frente a la de lo profano o laico, creando además el concepto de negocio jurídico] y el humanitarismo cristiano (la equidad) arman, conjuntamente, nuestro mantillo o substratum común civilizador ⁽¹⁵⁾ [18]. Los deseos de crear una unidad política sobre el territorio europeo se han ido conformando desde las épocas históricas más antiguas y arcaicas [Mangas y Liñán (2002), pp. 31-56]; la comunidad cultural Europea ha mantenido a la largo de las diversas etapas históricas un auténtico afán por unirse (Imperio y Papado), pese a los momentáneos desencuentros en forma de guerras, fratricidas y crueles. Como ya hemos señalado en las páginas dedicadas a la introducción, la historia europea no puede entenderse, en modo inteligible, sin tener en cuenta la de sus ciudades y sus monasterios; los monjes salvaron todo el saber de la gran cultura clásica -griega y latina- tras la caída de Roma y su imperio, permitiendo así su postrera difusión (en el caso español, los claustros monásticos también hicieron posible que las obras de grandes pensadores árabes y judíos se expandiesen por el norte europeo). Las urbes de nuestro continente alcanzan un enorme desarrollo a partir del siglo XII, teniendo ya poco que ver con las correspondientes a la época grecorromana; en todo caso, es en las ciudades donde se fraguan las fuerzas sociales que se opondrán al poder universal de Emperadores y Papas. Los burgueses de la época -artesanos, comerciantes y banqueros- reivindican su libertad frente a dichos poderes, con el apoyo de las correspondientes monarquías nacionales en el Trono. Sin duda, la democracia, entendida originariamente como sometimiento del poder real al Parlamentario, nace en Gran Bretaña con la Charta Magna Libertatum que otorga el monarca Juan el día 15 de junio de 1215; el valor histórico de la Charta firmada por el Rey inglés -hermano de Ricardo I- consiste en que el soberano acepta someterse a las leyes viejas, garantizando de manera escrita los privilegios nobiliarios [Kinder y Hilgemann (1975), pp. 185-190]; el parlamentarismo democrático se reconoce deudor de la citada conquista histórica, cuya trascendencia ha llegado hasta nuestros días -aunque, eso sí, sobre presupuestos por completo dispares-.

La modernidad, cuyo inicio cabe situar en la conquista de América y la expansión ultramarina de las potencias europeas por el resto del mundo, trajo la ruptura del medievo; éste último propugnaba, como principio rector, el establecimiento de categorías unitarias en lo político y religioso. En la baja edad media, los ejércitos imperiales se enfrentan mediante las armas con los reformistas luteranos o las huestes Nassau en Flandes; la Razón de Estado encuentra su mentor más lúcido en Maquiavelo, cuya obra titulada "El Príncipe" (1997. 1ª ed. 1532) aconseja como deben comportarse quienes ocupan el trono -es decir, observando nada más que el propio y exclusivo beneficio-. Brotan luego los diversos intentos tendentes a llevar la paz entre los soberanos europeos (paz de Westfalia -1648-), sin obtener resultados tangibles hasta la época de la ilustración y el credo revolucionario liberal, republicano e igualitario; el propio filósofo Kant manifiesta la necesidad de una unión entre los distintos pueblos, fundada sobre el Derecho, con el propósito de lograr una convivencia pacífica permanente entre los mismos ⁽¹⁶⁾ [19].

Más tarde, el movimiento constitucional del siglo XVIII rechaza el despotismo de los monarcas ilustrados (todo para el pueblo, pero sin el pueblo), declarando que la masa ciudadana -y no el Rey- es la única dueña de la soberanía nacional; el imperio de la ley que predica el liberalismo político, nacido durante la modernidad y las revoluciones burguesas que la propagan (norteamericana -1776- y francesa -1789-), continúa luego en la defensa de los Derechos Humanos y el ideario o modelo jurídico político democrático. Desde que toma cuerpo el parlamentarismo democrático en la Europa del siglo XIX, las sucesivas Constituciones han ido consagrando lo siguiente: 1º el Estado de Derecho, 2º la libertad individual, 3º la igualdad ante la Ley, 4º la buena fe en el ejercicio de los derechos, 5º el papel Estatal, cada vez más claramente intervencionista en la sociedad civil, junto a la interdicción de la arbitrariedad o el abuso (público o privado) y 6º la primacía sobre todos -personas, Estado, etc.- de la voluntad general, determinada mediante las Leyes que aprueba el poder legislativo (Rule of Law, según la tradición anglosajona). Desde 1800, los Estados europeos fundan organizaciones internacionales -cuya raison d´être era satisfacer problemas y dificultades comunes (comunicaciones postales, telegráficas, etc.)-, aunque respetando la individualidad soberana de cada uno.

El siglo XX alumbra adversidades y desdichas sin cuento con la primera y segunda guerra mundial; el nuevo siglo trae una fuerte conciencia europeísta (Manifiesto paneuropa, escrito por Kalergi -1923-), que intenta contrarrestar los desmanes de algunos gobiernos. En 1929, Briand -ministro francés de asuntos exteriores- propone crear una federación (la Unión Europea), considerablemente parecida a lo que, andando el tiempo, constituyó el Tratado de la Unión Europea -1992-; el proyecto propuesto por el canciller francés no pudo llevarse a cabo por diversas circunstancias adversas (UK, comprometida con su imperio y la URSS, que veía a la Europa unida como una seria amenaza). La creciente socialización del Derecho alcanza su cenit con el Welfare State (Estado del Bienestar), cuyo alfa y omega materializa la defensa y tutela de los más desfavorecidos (trasunto de las aspiraciones fraternas que declara la épica revolucionaria en Francia); la Seguridad Social, universalizada y redistributiva en beneficio de los pobres, es un descubrimiento británico que nació en 1942 tras el informe escrito por Lord Beveridge [Montoya (1992), pp. 595-607] ⁽¹⁷⁾ [20]. En 1945, los gobiernos europeos reciben la ayuda de EEUU -Plan Marshall-, impulsando su colaboración pacífica; los intentos de acercamiento político cristalizan mediante el Consejo de Europa (1949). El comienzo de la construcción europea da un salto definitivo con la CECA (1951), institución mediante la cual es posible ahondar los vínculos interestatales entre los vecinos franceses y alemanes; luego, nacen la CEE y el EURATOM (1957), compensando el fracaso de la CED -organización nacida para la defensa-, antes reseñado.

Es indudable, por otro lado, el éxito que representó para España su ingreso en la, entonces, Comunidades Europeas, al poder así beneficiarse de la integración económica allí materializada vía la libre circulación de sus agentes productivos, sin discriminación alguna. En el caso español, la adhesión a la, entonces, CEE (1985) fue un hecho histórico; el ingreso modernizó del todo nuestro arcaico parque productivo, con el correlativo incremento de la renta nacional y la simultánea introducción de ideas (políticas, sociales, etc.) reformistas, tolerantes, innovadoras y avanzadas en términos de justicia y equidad; desde la incorporación española a la Comunidad, se hizo necesario recalcar las exportaciones y la capacidad competitiva empresarial [Myro (1999), pp. 241-271]. En idéntico sentido, se señala [Fernández (2010), op. cit. pp. 313-322] que la citada adhesión por parte de nuestro país supuso un evidente dinamismo en todos los órdenes de la vida económica y social, amén de la quiebra del proteccionismo anterior y una enorme mejora de las infraestructuras hasta entonces subsistentes; en fin, la mayor y más positiva de las transformaciones de la economía española, en pos de su definitiva internacionalización y apertura al exterior. Conviene recordar, igualmente, que para una generación de españoles, que vivieron la inmediata postguerra tras la victoria del General Franco, Europa siembre fue el paraíso soñado de quienes en nuestro suelo anhelaban la libertad (ideológica, política, religiosa..), los derechos humanos y la justicia social.

Los proyectos tendentes a profundizar los mecanismos integradores europeos se han ido sucediendo con el paso del tiempo; así, destaca el Acta Única Europea (1986), que potencia el mercado interior al eliminar las barreras arancelarias en su seno, estableciendo además la libre circulación de personas, mercancías y capitales; el Acta también estaba llamada a fortalecer la cohesión económica y social comunitaria. Poco tiempo después, cae el Muro de Berlín (1989), iniciándose así el desmembramiento del imperio tutelado por la URSS y sus repúblicas populares o democráticas. La división política en el continente, resultado de la guerra fría entre Norteamericanos y Soviéticos, trajo por su yugo grandes cuitas entre los pueblos de Europa. El Telón de Acero -feliz juego de palabras inventado por Churchill- implantó unas relaciones tensas entre los bloques, cuya frontera dividía por mitad a naciones hermanas (las dos Alemanias), impidiéndoles cualquier cooperación o contacto, positivo y pacífico. El colapso del gigante soviético, a partir de 1989 (caída del muro berlinés), hizo posible que los antiguos enemigos, antes irreconciliables, apostaran ahora por la paz y la concordia entre sus pueblos; especialmente, en el caso de la Europa oriental excomunista respecto a la occidental, ésta última sometida al poderío norteamericano.

En realidad, la desaparición del citado muro en 1989 trajo, también, el ulterior y definitivo derrumbamiento del imperio soviético; todo ello supuso la victoria, sin disparar ni un solo tiro, de los modelos/patrones políticos-culturales (elecciones políticas libres, mercado sin restricciones, etc.), de raíz claramente jurídico liberal y cuyo origen descansa en las previas experiencias europeas/norteamericanas del siglo XVIII y XIX. Algunos teóricos [Fukuyama (1992), pp. 11-25] han intentado explicar las razones del éxito que ha acompañado a las democracias políticas occidentales, si nos atenemos a su progresiva implantación sobre todas las naciones del orbe tras la súbita desintegración del "imperio" tutelado por la URSS; según dicho autor, la caída del muro de Berlín y los subsiguientes acontecimientos históricos derivados de ello -claves, además, para entender la historia mundial del siglo XX-, demostraron que la democracia liberal/parlamentaria, como sistema jurídico/político basado en la plena libertad (política y económica)/igualdad ciudadanas, es el sistema que mejor satisface los derechos básicos y fundamentales de los seres humanos. Entre tales derechos básicos y fundamentales de todos los seres humanos, sin excepción, cabría hablar, entre otros, de los siguientes: el derecho de toda persona a ser reconocido como sujeto de derechos y obligaciones, a afiliarse a una asociación y a fundar asociaciones, a la libertad y al derecho a la propiedad individual, al sufragio -activo y pasivo- y la participación política, a la libertad de prensa (expresar y recibir, sin cortapisas ni censura, las opiniones propias o ajenas), etc.; así, la democracia liberal y parlamentaria significa, en opinión de dicho autor, el último estadio de la historia, entendida como proceso único, evolutivo y coherente al cual se ven abocados, en último término, todos los pueblos de la tierra ⁽¹⁸⁾ [21].

Como hito histórico puede calificarse el Tratado de la Unión (Maastricht, 1992); éste, entre otros aspectos, vino a incrementar el protagonismo de la Unión en el ámbito exterior, libre de cualquier tutela por parte de las dos superpotencias tras la segunda guerra mundial -léase, USA o la extinta URSS-. Así mismo, dicho tratado creó la ciudadanía europea, antes aludida, amén de la tan traída y llevada Unión Económica y Monetaria ⁽¹⁹⁾ [22]; también tuvo lugar una mayor integración de las Comunidades Europeas prexistentes (CECA, CEE); el resultado de ello fue la Unión Europea, creada como organización internacional, de carácter político, con superior rango al de las anteriores Comunidades Europeas. La precitada integración, cada vez más fuerte no solo en el plano de la unificación económica (mercado/moneda) sino también en el de lo político, dio pie más tarde al Tratado de Ámsterdam (1997); el acuerdo adoptado en la capital de Holanda vino a servir para el logro de los siguientes objetivos:

el significativo afianzamiento del proyecto de construcción europea, comenzada en Maastricht, con base en los principios básicos del Estado de Derecho,
el compromiso expreso de la Unión con la democracia y el Convenio europeo que protege los derechos humanos (firmado en 1950),
mayor relieve para el Parlamento Europeo,
la posibilidad de las cooperaciones reforzadas entre estados miembros, en beneficio de aquellos que las suscriban,
la incorporación del empleo como otra política comunitaria más, etc. ⁽²⁰⁾ [23].

Es digna de especial mención la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº. C 364, de 18 de diciembre de 2000), aprobada en el Consejo Europeo de Niza -diciembre de 2000- por los Presidentes de las Instituciones Europeas [Parlamento, Consejo y Comisión]; la referida Carta, al poner en negro sobre blanco los derechos fundamentales que se predicaban entonces para todos los nacionales de los respectivos países miembros, añadía otra nota singular más; esto es, una clara voluntad política -constituyente, cabe decir- dirigida a fortalecer la recién nacida Unión Política entre los pueblos europeos. Más tarde, el Consejo Europeo de Laeken/Bruselas (diciembre de 2001) inicia el camino hacia una mejora y supervisión democrática permanente de la Unión Europea y sus instituciones, tanto desde el punto de vista de la legitimidad como de la transparencia; también se porfía la mayor simplificación y racionalidad de los tratados que entonces articulaban dicha Unión. El propósito de todo ello era el de aproximar el entusiasmo ciudadano hacia las instituciones del "Viejo Continente", utilizando para ello el concurso de una Constitución; en aras del logro del referido Texto Constitucional, se instituye la Convención, Órgano de debate idóneo para discutir el futuro de Europa y las reformas necesarias para la ansiada unión política. La referida Convención, que inició los trabajos el día 28 de febrero de 2002, tenía por objetivos: 1º examinar los asuntos esenciales para el desarrollo futuro de la Unión, potenciando la dinámica integradora comunitaria tras las sucesivas ampliaciones y 2º preparar los trabajos de la futura Conferencia Intergubernamental (a celebrar en junio de 2004), donde sería aprobada la revisión definitiva de los tratados fundacionales; el citado Órgano de debate, convocado por el Consejo Europeo, dedicó sus trabajos a establecer un borrador sobre el llamado Proyecto de Constitución para Europa ⁽²¹⁾ [24].

El acuerdo, aprobado el 18 de junio de 2004 en Conferencia Intergubernamental, consistía en un Tratado, sustitutivo de todos los prexistentes a esa fecha, por el que se establece una Constitución para Europa; la parte II del citado tratado vino a incluir la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, de la cual ya hemos hablado con carácter previo. Los, entonces, veinticinco estados miembros firmaron el 29 de octubre de 2004, en Roma, el texto definitivo de dicha Constitución (éste se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea C 310, de 16 de diciembre de 2004); pese a la firma de los representantes gubernamentales de cada uno de los países miembros, el resultado negativo de los refrendos sobre la Constitución Europea, celebrados en Francia (mayo 2005) y Holanda (junio 2005), pusieron punto y final al proyecto constitucional paneuropeo recién inaugurado.

En realidad, la necesidad de un proyecto constitucional, de naturaleza política, que abarcase todo el continente, era ya una necesidad ampliamente sentida aún antes del año 2004, fecha en la cual se presentó el respectivo proyecto constitucional antes expuesto; buena prueba de ello fue que el muy prestigioso semanario británico ("THE ECONOMIST"), presentase -a fecha de 28 de octubre del año 2000-, un proyecto constitucional a escala europea, denominado "Nuestra Constitución para Europa". Según dicho medio, tal Constitución proyectada debería, al menos, traer un poco de claridad en la "fronda" casi impenetrable de los sucesivos tratados fundacionales de la Unión Europea (CECA, CEE, EURATOM), cuya largura y complejidad era tan legendaria que los hacía casi ininteligibles para cualquier profano. Es más; según el referido medio de comunicación, resultaba necesario un instrumento constitucional mucho más corto y simple para hacer efectiva la naturaleza y propósitos de la Unión Europea entre los Europeos -sin duda, un evidente proyecto político como objetivo, al invocarse en dichos tratados fundacionales "unas relaciones más estrechas entre los Estados que integran la Comunidad"-. Por otro lado, el citado semanario de Gran Bretaña incidía en otro elemento clave; aquellos que, en principio, se manifestaban más a favor de tal proyecto constitucional eran quienes, a su vez, apoyaban una Unión Europea centralizada -es decir, mayor soberanía/legitimidad y poder para los niveles comunitarios, en fuerte detrimento de los de los Estados miembros-. Así mismo, tampoco se oponían a dicho proyecto constitucional los defensores de un mayor poder para los Estados miembros, puesto que tal Norma limitaría el poder de los organismos e instituciones comunes; en cambió, sus más obstinados opositores parecían estar entre los "euroescépticos" -reacios a cualquier Unión o, en su caso, claramente en contra de la misma- y aquellos que no deseaban un buen funcionamiento de las instituciones comunitarias europeas hasta entonces vigentes.

En todo caso -como bien apuntaba el mencionado semanario-, la realidad incontestable era que -ya por entonces- la Unión Europea había ido adquiriendo, progresivamente, un poder considerable; así que, llegados a ese punto, resultaba ineludible la tarea de definir -conforme a un deseable modelo constitucional- las reglas básicas y fundamentales que limitasen esas potestades comunitarias. Conforme a tales premisas, el modelo de Constitución que el citado rotativo londinense, de fama legendaria, ofrecía a sus lectores otorgaba al Consejo asume un papel clave en el plano político; ello, sin perjuicio de reconocer a los respectivos gobiernos nacionales la facultad de entregar parte de su poder a la Unión o retirárselo. Tal posible retirada unilateral puede resultar problemática, puesto que ese derecho soberano (el de elegir, libremente, pertenecer a la Unión Europea o, en su caso, dejar de hacerlo) es incompatibles con la obligación constitucional recogida en los tratados comunitarios -esto es, la de llevar a cabo una unión política como objetivo, es decir: "relaciones más estrechas entre los Estados que integran la Comunidad"-. Así mismo, la referida revista también alude al carácter intergubernamental de la Unión Europea, sin por ello dejar atrás su simultánea naturaleza supranacional; por dicho motivo, se aconseja no fijar límites a los niveles de integración deseados en cada momento por los respectivos gobiernos. En ese mismo orden de ideas, "THE ECONOMIST" también "pone el dedo en la llaga" cuando advierte sobre la necesidad de reducir el número de escaños del Parlamento Europeo en orden a hacerlo más eficaz y operativo.

El mencionado "adalid" de la prensa londinense vuelve a retomar dicha temática más tarde (2 de marzo de 2002), cuando publica un nuevo artículo titulado "¿Porqué Europa necesita una Constitución?"; como muy bien indica el citado trabajo periodístico, el texto Constitucional proyectado por la citada revista facilitaría dos objetivos fundamentales: esto es, tanto la mejor gobernabilidad de la Unión Europea como el de emitir una clara señal a sus ciudadanos acerca de cual es la meta final de dicha Unión. Así mismo, el mencionado artículo hacía hincapié -anticipándose a las actuales turbulencias económicas respecto al Euro- en que la referida moneda común no había sido sometida al test del tiempo; además, ya entonces se adivinaba un fuerte desencanto entre los europeos sobre los mecanismos -excesivamente rápidos y poco meditados, a criterio de muchos- sobre los cuales sustentar unas mayores cotas de integración intracomunitaria -sobretodo, a nivel económico-. Al mismo tiempo, también surgieron algunas voces que no dejaban de señalar las enormes disparidades de renta entre los diversos Estados miembros, dificultando tal circunstancia el buen funcionamiento del deseable proyecto constitucional; pero, no solo había problemas en cuanto al muy diverso grado de desarrollo socioeconómico alcanzado entre los Estados miembros. También surge entonces el nacionalismo de los países de la Europa Oriental, que, a partir de 1989 (hundimiento del muro de Berlín) se ven libres de la tutela del kremlin y su brazo armado (el temible Ejército Soviético); por ello, los gobiernos resultantes tras la caída de los regímenes comunistas no deseaban someterse a otro Poder ajeno. Para los visionarios de la moneda única, ésta era solo la mitad del proyecto: el Euro estuvo siempre diseñado para complementarse mediante la integración política.

Sumamente interesante nos parecen las opiniones de Jack Straw -a la sazón, ministro de asuntos exteriores de UK "y su graciosa Majestad" con el gobierno laborista Blair-; éste escribe (12 de octubre de 2002) en la mencionada publicación inglesa sobre cómo debería ser el tan anhelado texto constitucional europeo. El, entonces, titular del The Foreign Office británico explica que dicha Constitución habría de ser breve, en cuanto a su extensión y, además, clara y coherente, con respecto a su contenido; al tiempo, el citado político, hoy retirado, afirmaba que dicho texto constitucional habría de recoger los roles, poderes y objetivos de las instituciones europeas, demostrando así qué es la Unión, qué hace y cómo va a hacerlo; todo ello, por supuesto, sin olvidar un mayor estrechamiento de las relaciones inter-miembros y, de paso, la mejora real de las condiciones de vida de la ciudadanía.

Sin duda, las informaciones ofrecidas por el referido medio de comunicación británico tienen una importancia destacada; éstas expresan, bien a las claras, cual era la "atmósfera" -tanto en las esferas políticas como ciudadanas- que se respiraba en aquel tiempo acerca de cómo debía ser la tan necesaria -entonces y, más aún, ahora- Constitución europea. Sin duda, la opinión pública del momento tenía puestas grandes esperanzas en dicho ideal constitucional ⁽²²⁾ [25].

Tras el descalabro del referido proyecto constitucional europeo (2004), debido al no refrendo holandés y francés, que antes reseñamos, surge un impasse; así, en tal contexto, se trata de llegar a una solución efectiva que resuelva los problemas que amenazaban la buena marcha de la Europa unida. Por su parte, el Consejo Europeo de 21 y 22 de junio de 2007 convocó una Conferencia Intergubernamental con el propósito de reformar los tratados vigentes -es decir, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de la Comunidad Europea-; dicha Conferencia, celebrada en Lisboa los días 18 y 19 de octubre de 2007, acuerda el nuevo Tratado de Reforma de los anteriormente mencionados, dotando además de personalidad jurídica única a la Unión Europea. Así mismo, el Parlamento Europeo ve reforzada su intervención en el proceso de elaboración de normas, sin perjuicio de su poder de control presupuestario y sobre la actividad política de la Comisión; por otro lado, lo acordado en Lisboa recupera parte del contenido del proyecto constitucional esbozado en 2004, antes aludido. Se persigue aumentar la democracia, la eficacia y la transparencia de la Unión Europea; y, con ello, su capacidad para enfrentarse a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible.

El Diario Oficial de la Unión Europea C 303/1, de 14 de diciembre de 2007, publicó un nuevo texto para dicha Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sustitutivo del correspondiente al año 2000; el texto de la mencionada Carta, aprobado en 2007, entró en vigor con el Tratado de Lisboa (1-1-2009). Por otro lado, el Tratado de Lisboa potencia la Europa de los derechos y valores, libertad, solidaridad e igualdad; eso sí, sin olvidar la garantía jurídica vinculante de las libertades y principios, objeto de la ya mencionada Carta. [Fuente:http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm. Día de consulta: 14/02/2012]. Numerosos autores han publicado los textos consolidados y anotados del citado Tratado [entre otros, Molina (2011)]. En todo caso, hemos de aclarar que el Tratado de Lisboa no goza de naturaleza constitucional, en el sentido técnico jurídico propio de la Ciencia Política, por diversos motivos; así, se trata de un acuerdo firmado entre Estados soberanos, conforme al Derecho Internacional, solo susceptible de alteración por la unanimidad de sus firmantes. Como bien señalan algunos [Linde y Mellado, op. cit., pp. 48-50], con dicho Tratado desaparece tanto la forma como los símbolos que pudieran recordar el texto constitucional, derrotado por el voto mayoritario de franceses y holandeses en 2005; en fin, el acuerdo de Lisboa no significa nada más que la vuelta a la Europa a la medida de por y para los gobiernos, cuyo único objetivo real es la simple modificación utilitarista de los actuales tratados subsistentes, sin sustituirlos por otro nuevo que responda a un impulso político constitucionalista, verdaderamente soberano, proveniente de la ciudadanía europea en su conjunto.

La Unión Europea, como algo más que una mera unión aduanera y económica, parece encaminar una nueva etapa, cuyo primer hito ya ha sido colocado: la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea -Tratado de Lisboa-, de 7 de diciembre de 2007; la preminencia del Derecho -y, por ende, la Justicia-, como trasfondo y valor supremo, revitaliza el vínculo de la ciudadanía con la Democracia y el Estado de Derecho. Así mismo, no olvidemos que similares designios de convivencia en concordia iluminaron a los Padres Fundadores de la primera institución comunitaria (CECA), ideada para orientar las relaciones franco alemanas en la cooperación pacífica. Antes de constituirse dicha Comunidad, relativa al carbón y acero, había una profunda grieta divisoria entre los líderes políticos; así, los anteriores formaban dos grupos: 1º el de quienes deseaban una Federación de Estados Europeos, con una estructura política -autónoma y dotada de poderes efectivos- que pudiera integrarlos -según esa postura, cada Estado cedería competencias soberanas en beneficio de instituciones supranacionales, comunes e independientes- y 2º el de aquellos otros favorables a una mera unión, sin menoscabo soberano, mediante la cual cooperar en la práctica de acuerdos específicos. La Comunidad Económica del Carbón y del Acero fue el inicio de una "Federación Europea necesaria para preservar la paz", según declaraba su preámbulo; se acordó que una Alta Autoridad Común controlara todo el carbón y acero franco alemán, dentro de una estructura organizativa abierta a otros países europeos participantes [Morata (1998), pp. 21-27].

Los Derechos Fundamentales -propugnados por la referida Carta, de 2007- significan una auténtica declaración de principios, cuyo pórtico-preámbulo proclama: La Unión contribuye a fomentar y defender estos valores comunes dentro del respeto por la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional o local; trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de establecimiento; un clamoroso aplauso merece la declaración por la citada Carta de otros derechos -de igual importancia, al menos, que los anteriores- como: el del respeto a la vida privada y familiar; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a la seguridad social y ayuda social; etc.. En todo caso, es evidente que los valores solidarios deben resistir el embate asestado por una idea del mercado interior, puramente economicista y basada en el beneficio empresarial, a corto plazo, como único propósito; la Europa de los Mercaderes amenaza con desdeñar la función redistributiva y correctora de las desigualdades entre las regiones europeas, única vía para garantizar un crecimiento económico equitativo/justo y, consecuentemente, sostenible. El avance integrador debe adecuarse a las necesidades de los países mas empobrecidos, eludiendo así el fraude en las metas y objetivos comunes [Lázaro (1999), pp. 81-95].

La actual crisis económica está ampliando otras grietas más profundas; desde la unión económica y monetaria (el ya citado Tratado de Maastricht, 1992) hasta el actual tratado de Lisboa, la ciudadanía ha visto frustradas sus expectativas en cuanto al mantenimiento de la protección social; los mercados, la banca y las empresas de inversión parecen haber puesto el punto final a la Europa más progresista y protectora de quienes se hayan en una situación económico-social depauperada. El capitalismo financiero -la "Europa de los Mercaderes"- parece estar, ahora, al "mando de la nave"; eso sí, gracias a la ayuda de políticos mediocres, sin altura de miras ni autoridad moral alguna, que parecen solo interesados en garantizarse los beneficios anejos a su "puesto de trabajo" al servicio de la grandes entidades financieras y sus "escuderos". Por desgracia, la actual crisis económica está azuzando los nacionalismos más excluyentes y violentos; la única salida posible ante las presentes dificultades es la de la solidaridad entre los pueblos europeos, la justicia social y la necesaria responsabilidad de quienes ocupan los primeros puestos en sus respectivos niveles administrativos e institucionales (municipio, región, estado y Unión Europea). Desde otro punto de vista, podríamos decir que la historia de la construcción europea ejemplifica, como ninguna otra, la "victoria" de los grandes poderes económicos sobre la Europa de los derechos ciudadanos; a partir del referido Tratado de Maastricht (firmado en nuestra otrora imperial Mastrique, bajo dominio de los Tercios españoles en Flandes), va a primar el control de la inflación y el equilibro presupuestario sobre cualquier otra aspecto, de índole social. Un presupuesto público demasiado austero, como principio inflexible al cual deben someterse todos los Estados europeos, supone mayor desigualdad y, por ende, menor equidad social; al fin y a la postre, una sociedad donde hay tan solo unos pocos que acaparan toda la riqueza, rodeados de una masa de empobrecidos, está llamada a una revuelta social de proporciones inimaginables ⁽²³⁾ [26].

La más rabiosa actualidad nos demuestra que la unificación económica, representada por el Euro y su Banco Central Europeo, no tendrá futuro alguno sin recorrer idéntico camino en el plano político; es ineludible que tal proceso unificador vele por reforzar su carácter social y solidario, procurando tanto la redistribución de los recursos como la convergencia territorial que lime sus diferenciales más extremos. Por desgracia, los ataques -sucesivos y recientes- por parte de los mercados especuladores contra la divisa europea, exhiben, en el fondo, una profunda desconfianza hacia la solidez de nuestras instituciones comunitarias -y, por ende, con respecto al proyecto político unificador que las sostiene-; la conducta de algunos gobiernos, claramente egoísta y centrada tan solo en la defensa de sus respectivos intereses económicos unilaterales, no ha sido, precisamente, ejemplarizante; es más, la evidente desunión entre los gobernantes de los Estados miembros facilita, sin duda, la labor de los especuladores, empeñados en romper el proyecto integrador -también, en lo político- hasta ahora alcanzado.

La Europa unida precisa de un verdadero liderazgo, por parte de quienes dirigen sus diversos órganos institucionales; eso, más la ineludible legitimidad democrática -para algunos no suficientemente satisfecha mediante el Parlamento-, contribuiría, sin duda, a que no volvieran a repetirse sucesos tan lamentables como los del año pasado, cuando las autoridades griegas amenazaron con plantear un referéndum sobre la continuidad o no de su país en el Euro. La cerrada defensa de los valores que conforman la Unión constituye el mejor instrumento para sofocar, eficazmente, todo tipo de urgencias políticas -en el fondo, insolidarias y antieuropeistas- de los respectivos gobiernos nacionales; todos, tanto los Estados miembros como la propia Unión Europea, están mutuamente obligados al cumplimiento de los acuerdos y demás resoluciones normativas adoptadas a nivel comunitario. No puede haber excepciones, de ninguna clase, a dicho principio imperativo, según el cual las normas que constituyen el Derecho Comunitario -Tratados constitutivos, más las resoluciones y demás actos normativos, procedentes de sus instituciones- son vinculantes para todos los Estados miembros que forman la Unión Europea; ello debe ser así, puesto que, de lo contrario, dicha Unión no podría funcionar de forma creíble (de cara al exterior), coherente y eficaz en orden al logro de sus fines.

Las actuales exigencias de austeridad para todos los Estados miembros, fruto del excesivo endeudamiento de los europeos, no puede dejar atrás la necesidad de proteger a los más débiles; la Europa social, cuya mejor representación es la del Estado de Bienestar, sigue estando, hoy más que nunca, vigente. La ciudadanía opina, en general, que los sacrificios hasta ahora impuestos no son igual de gravosos para todos, de modo que los banqueros, políticos y demás "gestores" de la actual crisis parecen salir indemnes de sus más duras consecuencias y ajustes. Los valores de justicia, solidaridad y equidad, propios de la Europa más progresista, deben constituir, en este momento de tribulación y dificultades, el principal baluarte con el que afianzar la salida a la crisis. En realidad, es necesaria mayor confianza en nuestra capacidad económica y, a la vez, en el proyecto político unitario que, desde sus orígenes, late en lo que llamamos la "Europa Unida"; la solidaridad, en forma de ayuda financiera por parte del Banco Central Europeo para aquellos países con mayores dificultades, simboliza que una unión real entre nuestros pueblos es aún posible.

Sin duda, los instrumentos que permiten dicha ayuda solidaria (Mecanismo Europeo de Estabilidad) deben perfeccionarse en orden a evitar males mayores; un primer paso en ese sentido ha sido el de atribuir al Banco Central Europeo la función de único y máximo supervisor de todo el sector financiero. Además, el citado Banco podrá insuflar fondos en los sistemas bancarios de los Estados nacionales que lo necesiten -uno de ellos, España-, llegando, incluso, a disponer de la posibilidad de adquirir deuda soberana de aquellos Estados con especiales dificultades para financiarse (dicha posibilidad estaría sujeta a nuevas condiciones de ajuste negociadas con los demás países socios del Euro y, además, a que los gobiernos de los países interesados la solicitasen expresamente). En todo caso, pese a la citada posibilidad de intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda soberana, es necesario algo más; se trata de convencer a los Estados miembros en una situación más comprometida para que lleven a feliz término todas las reformas necesarias (tanto estructurales como políticas). El paro en España, Italia, Portugal.. -incluso, en la propia Francia- ya ha alcanzado un volumen más que preocupante, predominando además un sistema bancario incapaz de generar el crédito necesitado por las empresas para aumentar el empleo.

Las ciencias sociales pueden hacer bien poco para resolver las tensiones y contradicciones estructurales que están detrás de los actuales problemas financieros que enfrenta la Unión Europea; lo cierto es que, hoy más que nunca, el poder económico -los denominados "mercados" y sus grandes agentes financieros/empresariales- se ha convertido en poder político, quedando la ciudadanía inerme e indefensa ante sus decisiones y arbitrios. Bajo las presentes circunstancias, algunos países europeos están sufriendo una considerable merma en sus regímenes políticos democráticos; ello es así desde el punto y hora que sus actuales dirigentes políticos son personas con elevados conocimientos técnicos, pero sin que hayan sido elegidos directamente por la ciudadanía para ese cargo -como, por ejemplo, el caso de Monti, actual líder italiano-. Así mismo, algunos sectores ciudadanos, hartos de las tristes consecuencias de la crisis que nos afecta, parecen decantarse por la insurrección popular más intransigente; ello expresa, airadamente, el enojo y la protesta desesperada del "hombre de la calle" tras verse desposeído de todos sus derechos (sociales y políticos) por parte de los más "privilegiados".

La Unión Europea, en orden a la toma de las medidas más adecuadas para sortear la crisis que ahora azota al Euro, firmó (2 de marzo de 2012) el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza; dicho tratado lo que pretende, en último término, es el establecimiento de una serie de instrumentos mediante los cuales sea posible coordinar las políticas económicas de los países que comparten dicha divisa común. Uno de los puntos más debatidos de tal tratado es el establecimiento de la llamada "regla de oro" en los presupuestos públicos estatales de los países miembros; el significado de la precitada regla pasa porque dichos presupuestos públicos nacionales estén en equilibrio o, en su defecto, con superávit -en caso contrario, habrá lugar a sanciones por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- ⁽²⁴⁾ [27] . En cuanto a la gobernanza, el Tratado ya expuesto establece que se celebrarán reuniones entre los Jefes de Gobierno o de Estado de la Zona Euro; en éstas, podrán intervenir los países que no formen parte de esa Zona monetaria ⁽²⁵⁾ [28]. El gobierno español vino a ratificar dicho Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza mediante la Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio (BOE Núm. 178, de 26 de julio de 2012. Sec. I. Pág. 53541); según la exposición de motivos de la precitada Ley Orgánica, el Tratado allí ratificado "supone un avance hacia una unión económica más fuerte desarrollando una coordinación más estrecha dentro de la zona euro con vistas a garantizar una gestión duradera, correcta y sólida de las finanzas públicas y hacer así frente a una de las principales fuentes de inestabilidad financiera". Así mismo, en virtud del referido Tratado, los Estados firmantes (art. 1 Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio)"acuerdan, en su condición de Estados miembros de la Unión Europea, reforzar el pilar económico de la unión económica y monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario, a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social.".

Recordemos que la Sentencia (13 de septiembre de 2012) del Tribunal Constitucional Alemán no determina si dicha adquisición de deuda soberana, en forma de bonos, por parte del Banco Central Europeo es acorde -o no- con su Constitución hoy vigente; la respuesta a tal cuestión será tomada más adelante por el referido Tribunal. En todo caso, el propio gobierno germano -e, incluso, el presidente del Banco Central Europeo- aluden que dicha compra de deuda soberana no tendría por finalidad la de financiar a los Estados -objetivo prohibido por los Tratados- sino, más bien, la de llevar a cabo, de manera correcta, la propia política monetaria fijada por el referido banco; sin duda, tal perspectiva -tanto por parte del citado gobierno tudesco como de la autoridad bancaria europea- tiene puestas sus miras en la muy probable necesidad de una nueva ayuda financiera -esta vez, mediante la compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo- al que, indefectiblemente, se verá abocada España en un plazo no muy lejano; la fecha en la cual se solicitará esa nueva ayuda depende, más bien, de las citas electorales de los líderes europeos -especialmente, las elecciones presidenciales alemanas, a celebrar el próximo año 2013-. Lo positivo de la mencionada decisión jurisdiccional alemana, de fecha 13 de septiembre de 2012, es la de haber establecido, de manera clara e indubitada, la validez del citado Mecanismo Europeo de Estabilidad, conforme al referido texto constitucional; eso si, la citada validez, declarada jurisdiccionalmente, está sometida a unas mínimas condiciones. Los mercados financieros han respondido, muy favorablemente por cierto, al ya mencionado Fallo Judicial; buena prueba de ello es la sensible bajada en los diferenciales de deuda de los países en peor situación económica, dando ello lugar a una importante subida -aunque sea transitoria- de sus respectivas bolsas de valores.

España no puede seguir financiando su deuda "ad infinitum" en los mercados abiertos de capitales; sus costes, en términos de un elevado interés diferencial ("prima de riesgo"), resultan ya, de hecho, prohibitivos e imposibles de asumir, por mucho más tiempo, en nuestras actuales circunstancias; hay que recordar que las instancias europeas ya han aprobado una ayuda financiera, solicitada por nuestras autoridades en junio del 2012, dirigida a refinanciar nuestros bancos más endeudados -al mismo tiempo, una parte de dicha ayuda financiaría el déficit público, pero sin computar como deuda del Estado-. Al día de hoy, tal ayuda se ha visto sensiblemente modificada, por lo que no será ya posible la utilización de parte de la misma para comprar deuda públicas sin aumentar por ello nuestro déficit; además, tal financiación para reflotar el sistema bancaria solo estará disponible para nuestro país a partir de 2014 -y no antes-, lo cual agrava, aún más -si cabe-, el cuasi "apocalíptico" escenario al que debemos enfrentarnos. La imposibilidad de utilizar parte de dicha refinanciación bancaria para comprar deuda pública se debe a los intereses, puramente electoralistas, del actual ejecutivo alemán, que afronta una nueva cita electoral el próximo año; una gran parte del parlamento berlinés, así como los propios socios del actual gobierno de coalición de dicho país, se oponen, tajantemente, a cualquier concesión económica en favor de los "manirrotos y vagos" europeos del sur -y, en el caso de haberla, tan solo a cambio de unas muy duras condiciones de ajuste/control del déficit público, de obligado cumplimiento, por parte del gobierno español-.

Por otro lado, la situación de las finanzas públicas españolas es tan desastrosa y caótica en estos momentos que numerosas Comunidades Autónomas carecen, ya, de la más mínima liquidez para el funcionamiento normal de sus servicios públicos -algunos, tan esenciales como los de sanidad o educación-; en orden a prevenir tal eventualidad, el Estado español ha establecido una suerte de "rescate autonómico" -por lo demás, claramente insuficiente- para que aquellas regiones sin fondos puedan seguir prestando los antedichos servicios públicos en su territorio. Simplemente, patético, si lo observamos desde el prisma ciudadano; a mayor inri, la actual presidencia del gobierno español parece poco dado a reconocer la evidencia: esto es, la absoluta falta de dinero en todas las haciendas públicas (estatal, autonómica y local), negándose así mismo a solicitar un nuevo tramo de ayuda -esta vez, mediante un programa de compra de deuda soberana- que ayude a financiar, a un precio razonable, nuestro "apocalíptico e indómito" déficit público.

Sin duda, en opinión de algunos, se trata de un irresponsable proceder, por cuanto la escasa ayuda, solicitada en junio de 2012 por el gobierno español, no cubre realmente, ni de lejos, todas nuestras necesidades reales de capital -tanto privado (pasivo de los bancos y cajas) como estatal (deuda pública)-; es más, aún hoy desconocemos con exactitud el monto de todo lo adeudado -más allá de las auditorias hasta ahora realizadas o los informes de la intervención de la contabilidad pública-, puesto que caben fundadas sospechas con respecto a que dichos deudores han ocultado, a sabiendas, gran parte de sus débitos -sobretodo, los más onerosos o irrecuperables- para no empeorar, así, sus ya desastrosos resultados económicos. Por otro lado, los datos y previsiones, relativos a la economía española, siguen siendo considerablemente negativos a corto y medio plazo -ese es el veredicto, al menos del FMI, en sus últimas apreciaciones sobre nuestro país-. Las políticas de comunicación, adoptadas por los sucesivos gobiernos españoles desde el presidido por el Sr. Zapatero hasta el actual del Sr. Rajoy, resultan, como poco, sorprendentes; ambos ejecutivos, de muy diferente signo político, han tratado las cuestiones relativas al efecto de la crisis sobre nuestra economía con una nota común: el mayor de los secretismos hacia la ciudadanía. En este momento, el pueblo español desconoce, por completo y de manera exacta, el contenido y condiciones de la ayuda financiera, ya aprobada, que -presuntamente- va a prestarnos la Unión Europea; es más, nuestros políticos -tanto gobierno como oposición- están empeñados en evitar, cueste lo que cueste, la solicitud de una nueva ayuda mediante la cual fuese posible la definitiva y adecuada resolución de nuestro déficit.

Uno de los "principales" argumentos que utiliza "sotto voce" nuestro gobierno, para justificar que no se pida -de inmediato- una nueva ayuda financiera, es de naturaleza claramente "política"; así, según sostiene tal argumentario, la presidente del gobierno alemán -Sra. Merkel- no quiere enfrentarse, ahora, a una dura batalla en el Parlamento germano contra los partidos contrarios a la concesión de la misma; el consiguiente "rifirrafe" parlamentaria debilitaría, sin duda, las aspiraciones de la Sra. Merkel a renovar el cargo, tras la cita electoral del 2013. Más aún, cuando, en este momento, una gran parte de la prensa teutona acusa a la actual canciller de "demasiado débil y poco beligerante" en la defensa de sus intereses nacionales; sobretodo, frente a los "voraces" españoles y demás países (Italia y Francia) que, también, en un inmediato futuro, soliciten similar ayuda -pero, eso sí, en condiciones más benévolas- para capear sus respectivos problemas de déficit público. Tal ayuda, aún no solicitada de manera formal y explícita por el ejecutivo español pese a la gravísima crisis que nos azota, estaría compuesta de dos instrumentos, llamados a actuar simultáneamente; esto es, la compra en el mercado primario de deuda pública española por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad- al cual nos hemos referido en páginas anteriores-, junto a la adquisición de los mencionados bonos en el mercado secundario por parte del Banco Central Europeo. Tanto el gobierno como la oposición no desean solicitar dicha ayuda por un motivo, mucho más prosaico -y, en mi opinión, "miserable"-, que el formalmente aducido en su descargo -la defensa del interés nacional-; esto es, el de no convertirse en "meras comparsas y marionetas" -sin voz ni voto- de cuanto decidan los "euroburócratas" en Bruselas.

La contumaz negativa del Presidente Rajoy a solicitar una nueva ayuda financiera, vía los precitados instrumentos, lesiona -gravemente, creo yo- el interés general de la ciudadanía; la financiación de nuestra deuda, fuera de los mecanismos europeos antes relatados, nos supondrá mayores sacrificios económicos (el pago de una tasa de interés más elevada) y, al tiempo, una reducción radical de los servicios públicos por falta de liquidez. Los dirigentes españoles, en general, no quieren asumir las consecuencias, en términos de pérdida de votos/desprestigio institucional, que les supondría aceptar, más pronto que tarde, la necesidad de una nueva ayuda, mediante los instrumentos arriba citados, y, ello, pese a la inexorable imposición de una serie de condiciones políticas anejas a su uso. Es más, como buena prueba de cuanto decimos, España todavía encuentra compradores de su deuda pública por una simple razón; esto es, la disponibilidad "oficial", para nuestro país, de los precitados instrumentos de ayuda financiera ⁽²⁶⁾ [29]. En caso de no disponer de tal "paraguas" comunitario, ya nos habríamos visto abocados, irremisiblemente, a un "rescate total" -del mismo corte que el de Grecia, Portugal e Irlanda- donde la Unión Europea adquiere todas las emisiones de deuda pública del país por la falta de compradores privados; aunque, en nuestro caso, el volumen de deuda haría inviable dicha modalidad de rescate por falta de fondos suficientes para ello.

La presencia simultánea de muy graves dificultades a las cuales ya hemos hecho referencia, tanto en la esfera económica como política, debería movernos a reflexionar, seriamente, sobre la necesidad de un nuevo consenso "nacional"; ello, vía el necesario debate democrático y participativo, mediante el cual encauzarlo adecuadamente. En dicha tarea sería aconsejable contar con la labor mediadora de las instituciones europeas (Consejo Económico y Social, etc.), de sobrada experiencia a la hora de resolver todo tipo de conflictos; la situación tan urgente y agónica en la cual se encuentra España reclama, a toda prisa, el auxilio de nuestros socios continentales; si no fuera así, corremos el serio peligro de perder, para las próximas generaciones, los avances (económicos y sociales), propios del Estado del Bienestar, hasta ahora alcanzados; es necesario, sin duda, adoptar algunas determinaciones enérgicas, fruto del más enriquecedor, democrático y libre debate en el seno de nuestra sociedad civil, de manera responsable y con una clara visión de conjunto de todos los españoles. Ya no son admisibles más esperas ni dilaciones indebidas. Los ciudadanos no podemos seguir aguardando más tiempo, de brazos cruzados, una adecuada y contundente respuesta por parte de nuestros líderes a los acontecimientos; es necesario que nuestros más preclaros dirigentes, en todos los órdenes, "estén a la altura" de lo que se espera de ellos, de modo que, una vez recuperada la tan deseable cultura del pacto y el consenso, podamos superar más fácilmente nuestros actuales problemas.

En fin, como siempre a lo largo de la historia, los sucesivos gobiernos españoles -y este no iba a ser una excepción- parecen sostener firmemente, a machamartillo, aquello de "sostenella y no enmendalla"; semejantes ilusos creen que el mero paso del tiempo irá solucionando, por si solo, los numerosos problemas que lastran ésta sociedad en términos económicos, sociales, políticos, etc..... Quienes razonablemente -en mi humilde opinión- califican de irresponsable a nuestro actual gobierno se basan, creo, en la dura -y, además, preocupante- "realidad" que nos dibujan los datos económicos referidos a nuestro país, sacados a la luz por numerosas instituciones públicas (nacionales y extranjeras) de reconocido prestigio. Por desgracia, los políticos españoles -sea cual sea su "color o credo ideológico"- rara vez piensan en las necesidades ciudadanas, dejándose llevar las más de las veces tan solo por su obsesión de no perder el "cargo" -y las prebendas/privilegios que van asociadas con ello-; ese es el único y verdadero motivo -a mi entender- por el cual no se ha pedido ya una nueva ayuda, absolutamente necesaria en la actual coyuntura tan trágica desde la perspectiva económica; así, por citar un ejemplo, las previsiones de paro para el año 2013 auguran ¡más de seis millones de desempleados¡ (con el drama personal que supone, para muchas personas, verse en casa ociosos -si no les han desahuciado antes los bancos o cajas-, sin expectativas realistas de encontrar otro puesto de trabajo a medio o largo plazo).

Además de tan aterradoras previsiones respecto al mercado de trabajo, cabe pronosticar una profunda desaceleración/caída en la actividad económica para el presente y los años venideros. España se ha convertido, al día de hoy, en el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social; en nuestro caso, ya hemos dejado atrás una larga etapa donde predominaban las políticas sociales activas, amén de la extensión de servicios públicos (universales y gratuitos). Hoy, los españoles afrontamos una tasa de paro desbocada, crecientes recortes en los servicios y políticas sociales ya expuestos, amén de una mayor fiscalidad indirecta -IVA-; el consumo se ve, así, aún más lastrado, debido a la carga impositiva mayor de dicho impuesto indirecto. Las ayudas públicas, destinadas a remediar situaciones de extrema carencia, ha disminuido ostensiblemente -y, ello, pese a la situación de crisis en la cual nos encontramos donde la miseria campea a sus anchas-. La creciente indigencia contribuye a la exclusión social, de modo que también corre peligro la paz y convivencia ciudadanas. La ciudadanía, sin esperanza ni ánimo por cuanto sucede, esta empezando a manifestar su descontento y rabia en las calles y plazas -en algunos casos, mediante conductas violentas y agresivas-; a título ilustrativo de lo dicho, recordamos las recientes movilizaciones -vía redes sociales en internet-, donde la multitud, reunida ex profeso para rodear la sede madrileña del Congreso de los Diputados, da salida a un sentir generalizado de protesta cívica ⁽²⁷⁾ [30]. Yo me pregunto, ¿a qué esperan los políticos de este país -tanto gobierno como oposición- para pensar, ya, en el bien común ciudadano, más que en cualquier "componenda o compadreo" que tan solo busca satisfacer "otros" intereses?, ¿serán tan ciegos como para permitir que caigamos, tal vez, en una espiral "a la griega" -es decir, un país completamente roto/fracturado en lo social donde prima una masa cada vez mayor de empobrecidos, sin futuro para las sucesivas generaciones-?... Urge un cambio de la cultura política española, donde se dejen atrás todo tipo de actuaciones "poco o nada higiénicas" con respecto a los valores y la legalidad democráticas.

El proyecto unificador europeo debe conciliar diverso objetivos; unos de naturaleza meramente mercantil (promover la cohesión económica/social, amén del logro de un alto nivel de empleo y protección social), junto a otros de contenido más Político, desde una perspectiva ético/moral (la creación de un espacio donde luzca la libertad, seguridad y justicia). Sin duda, los principios políticos especifican la idiosincrasia peculiar de la Unión Europea, fundada sobre una Comunidad que comparte idéntica civilización. La Europa del futuro solo tendrá éxito si cuenta con el entusiasmo y participación popular; el alejamiento que suscita al día de hoy la citada Unión, entendida como un ente etéreo/abstracto y burocrático extraño a la ciudadanía, admite un único revulsivo: la actitud, activa y decidida por parte de los europeos, tendente a exigir el respeto de sus derechos cívicos y ciudadanos. El éxito de la Europa unida precisa de un fuerte apoyo popular que, involucrado a tope con el proyecto político democrático comunitario, se identifique con él y, además, lo acepte como propio.

La citada Unión afronta múltiples conflictos y tensiones que, en principio, parecen contraponerse; la confluencia o el choque entre los diversos niveles institucionales (el comunitario, Estatal, regional y local) necesita una mínima y racionalizada organización, que asegure un buen funcionamiento; el principio de subsidiariedad guía el proceso descentralizador, aunando eficacia y respeto a los localismos nacionales. Conviene, además, el logro de los necesarios consensos entre los distintos niveles institucionales de la Unión; sin perjuicio del papel atribuido al Tribunal de Justicia, como órgano encargado de resolver las controversias entre dichos niveles, también es necesaria la presencia de un cierto juego político que facilite la consecución de los necesarios acuerdos. No es siempre fácil alcanzar el necesario y justo equilibrio que armonice, con la debida equidad, los intereses nacionales de cada Estado Miembro y los de la Unión, entendiendo por ésta última un conjunto de países que persiguen metas comunes -también, valores de índole ética-. Unas instituciones comunitarias más eficientes, participativas y cercanas a la ciudadanía posibilitarán, sin duda, una mayor implicación de nuestros pueblos con un proyecto común -la Europa unida-, donde injertar la civilización pergeñada por quienes habitan éste continente desde la más remota antigüedad en la noche de los tiempos.

La Unión Europea debe asentarse sobre una identidad duplicada, compatibilizando así el vínculo Estatal y Comunitario; todo ello, sin perder de vista la perspectiva local, de mayor cercanía para el ciudadano. El discurrir comunitario, tendente a una unión política sobre la base de la actual unión ampliada, debe optar entre dos posibilidades: una, la asociación entre Estados, cuyo soberanía permanece como hasta ahora y, otra, federalista, que precisa una transferencia de las soberanías Estatales a una estructura ajena, común e integrada; el futuro alienta un progresivo fortalecimiento de los mecanismos integradores en lo económico y político, aunque debamos sortear numerosas dificultades hasta coronar esa meta. La descentralización política, triunfante dentro de los Estados miembros, permite que la soberanía nacional también se manifieste desde los foros parlamentarios regionales; conviene aprovechar tal estructura como base del consenso democrático para la nueva Europa. Las competencias (y, como necesaria contrapartida, las responsabilidades) precisan un reparto -justo y equitativo- entre los diversos entes territoriales que conforman la referida Unión, respetando la subsidiariedad; necesitamos unas regiones bien dotadas, desde los presupuestos públicos, para así suavizar sus más descarnados extremos (sociales, económicos, culturales, geográficos, etc.); sin perjuicio de lo anterior, las Administraciones locales y regionales están más cercanas y próximas al ciudadano. La cohesión comunitaria será más eficaz sobre aquellas políticas públicas que no caigan en el asistencialismo pasivo; sin duda, el papel de los Estados es insustituible, ya que garantizan iguales prestaciones sociales y servicios públicos a sus ciudadanos.

En todo caso, para regular y resolver los conflictos entre los individuos, se requiere la presencia de una serie de instituciones (sociales, políticas, etc.), fuertemente arraigadas y capaces de imponer sus reglas/dictados erga omnes. Las instituciones permiten la vida en sociedad, al marcar los límites de la cooperación, coordinación y el comercio; unos cuerpos institucionales bien diseñados y eficaces, dedicados a salvaguardar el cumplimiento estricto y justo de las leyes, contribuyen sin par a la creación de riqueza ⁽²⁸⁾ [31]. Precisamente, el proceso integrador europeo ha contado, desde su mismo inicio, con un sólido marco institucional supranacional; gracias a dichas instituciones, encargadas de defender los objetivos comunitarios, ha sido posible la correcta y eficaz armonía de los intereses de los Estados miembros y los de la Unión -ésta última, empeñada en el logro de unas metas que superan claramente lo puramente económico-. El significado más profundo del actual edificio europeo no se entiende de manera correcta sin el antes referido matiz; esto es, el establecimiento de un mercado eficaz, más el estrechamiento de los vínculos entre los pueblos europeos en base a nuestros valores comunes -políticos (democracia) y sociales (Estado de Bienestar)- más representativos.

El marco institucional, diseñado por la Unión Europea, ha ido variando a lo largo de su historia; en esencia, consiste en un particular entramado de relaciones que, a la hora de decidir, conforman los siguientes órganos: la Comisión -encarna los intereses comunitarios-, el Consejo -alberga los diversos intereses de cada Estado miembro- y, por último, el Parlamento Europeo -acoge la representación popular y ciudadana-. La Comisión, al ostentar el cuasi monopolio de propuesta de los actos jurídicos, actúa como motor de la Unión; el Consejo y el Parlamento, como titulares de un poder cuasi legislativo, examinan -y, en su caso, enmiendan- lo propuesto por la Comisión, convirtiéndolo ulteriormente en actos legislativos y decisorios de obligado cumplimiento. Como ya hemos reseñado, no siempre coinciden los intereses de todos los órganos institucionales, antes reseñados; también, la consecución de acuerdos requiere de ciertos contactos previos informales, llevados a cabo fuera de tales organismos, para así lograr en éstos últimos un consenso definitivo común; en todo caso, el Tribunal de Justicia se encarga de dirimir los conflictos entre los referidos órganos, vigilando al tiempo que los Estados cumplan las normas jurídicas promulgadas por la Unión [Fernández (2010), op. cit., pp. 323-358].

Por otro lado, el modelo institucional comunitario se basa sobre la colaboración y cooperación mutua entre los órganos que lo componen; éstos están obligados a colaborar entre sí, cooperando lealmente conforme a lo dispuesto en los Tratados. El citado modelo sufre el cruce de dos fuerzas contrapuestas; de un lado, las dirigidas a la defensa de los intereses supranacionales y comunes, propios de la Unión y de otro, las que provienen de los distintos Estados y su compromiso con la tutela de la particular/propia conveniencia nacional de cada momento. El Tratado de Lisboa recoge lo aquí reseñado, afirmando que el marco institucional de la Unión Europea "tiene por finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos, y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones" [Linde y Mellado, op. cit., pp. 33-49].

El sistema legal permite un eficaz control del Poder -con mayúsculas- para que éste no se convierta en omnímodo, dictatorial y abusivo; los valores ideológicos, culturales, de convivencia, etc., son otro elemento fundamental en toda construcción normativa; el Derecho no solo debe ser aplicable, sino, también, legitimo y acorde con una serie de valores irreductibles de orden ético o moral. Tales premisas deberían ser fácilmente reconocibles en el edificio hoy resultante de la construcción europea; la solidez moral y ética de los valores jurídico políticos (libertad y democracia), propios de nuestra más rica tradición, constituyen el mejor recurso para enfrentar el mundo del mañana. El objetivo último del Ordenamiento Jurídico no debería ser otro que el de la más pronta resolución de los diversos conflictos de intereses, mediante decisiones justas y equilibradas [Tomás (1980), pp. 25-28].

Si atendemos los dictados que formula la muy autorizada doctrina nacida en Francia sobre ese modus vivendi democrático, merece la pena subrayar que la democracia en Occidente, entendida como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" [Chagnollaud (2001), pp. 1-5], se caracteriza en la actualidad por los siguientes rasgos: 1º La primacía del individuo: los hombres, que nacen libres e iguales ante la Ley, son titulares de iguales derechos y libertades (derecho a la integridad física, seguridad, libertad de circulación y tránsito, pensamiento, reunión, etc.), inalienables e imprescriptibles; esta concepción liberal, herencia de los revolucionarios franceses, no solo ha evolucionado bajo la influencia del creciente poder Estatal sino que, al mismo tiempo, se ha enriquecido con los derechos económicos y sociales.- 2º La libertad política: los individuos-ciudadanos libres pueden organizarse en común y, por consecuencia, elegir -a intervalos regulares- sus gobernantes y controlarlos durante el ejercicio del Poder o, en su caso, ser elegidos para ocupar los respectivos cargos de gobierno. La amplitud de elección descrita supone un auténtico pluralismo sobre la base de unos partidos políticos que concurren a la expresión del sufragio, extendido a la sociedad entera (grupos, ideas, etc.); de ello deriva la alternancia entre mayorías sucesivas, si bien con respeto a las minorías.- 3º Esta libertad política esta garantizada por la separación -o, mejor dicho- la división de poderes, cuyo fin es impedir la arbitrariedad inherente a su excesiva concentración. Estos poderes, idealmente repartidos entre varias autoridades, deben equilibrarse y controlarse mutuamente, tanto en forma "vertical" -poder ejecutivo, legislativo y judicial- como "horizontal" -el centro y la periferia territorial-.- y 4º Los derechos y libertades de los ciudadanos están jurídicamente protegidos, incluso ante el Estado, gracias a las reglas de derecho establecidas y sancionadas por las jurisdicciones independientes. Los anteriores rasgos conforman, a su vez, lo que hoy conocemos por "Estado de Derecho".

Es más; en opinión del precitado autor galo Chagnollaud, la Constitución está unida, de manera indisociable, al concepto de democracia y a la actividad tuitiva que ese texto normativo consagra para los derechos y libertades. Así, conforme a tales principios, el poder político es aquel que monopoliza la violencia física legítima; tal poder se atribuye modernamente al Estado, entendido como una estructura de mando institucionalizado con las siguientes características: 1º estar sometido a un derecho específico y 2º sustentar una persona moral territorial, de derecho público y soberana; expresión de un contrato social aprobado por los hombres, el Estado es -desde una perspectiva histórica- una forma de poder político particular, la cual solo se ha podido constituir en Occidente. Sin duda, los antecedentes del Estado, tal y como hoy lo conocemos, tiene un claro origen en el Derecho Público Romano; el emperador Claudio -su nombre completo era Tiberio Claudio Nerón Druso Germánico- creó bajo su gobierno las bases del aparato burocrático del Imperio. Así, entre otros avances, el citado emperador hizo posible que los procuradores (agentes financieros del mismo) pudieran emitir sentencias sobre cuestiones referentes al tesoro imperial (fisco), amén del establecimiento de un conjunto de cancillerías con las cuales organizar su Corte; sin duda, el espíritu práctico del alma romana tuvo que dejarse sentir por pura y simple necesidad: la inmensa extensión de los territorios gobernados por los emperadores necesitaba de una ordenada y racional burocracia, mediante la cual asegurar su mejor y más eficaz gestión [Kovaliov (1975), op. cit. Tomo II, pp. 59 y 60].

Sin duda, el proyecto unificador europeo, más allá de su ámbito político, precisa de una nueva arquitectura institucional que, con los debidos equilibrios y contrapoderes, asegure su viabilidad futura; la gravedad de la crisis económica que nos envuelve indica, más bien, la incertidumbre que planea sobre dicho proyecto. Tan solo mediante nuevos y sustanciosos avances en la puesta en práctica de dicho ideal será posible la superación del actual impasse en el que ahora nos encontramos; conforme al mencionado espíritu, el actual presidente de la Comisión europea -José Manuel Durao Barroso- ha presentando hace poco una nueva propuesta de futuro sobre la Europa del mañana. La citada propuesta, verdaderamente ilusionante, pasa por convertir a la Unión Europea en una Federación democrática de Estados Nación; eso sí, también conviene reforzar el carácter democrático y representativo de la actual Cámara parlamentaria europea, de modo que se oiga más alta y clara la voz de la ciudadanía. Tal propuesta necesita de nuevos tratados, en donde se refleje el consenso alcanzado por las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La nueva realidad que dibuja la Europa Unida precisa, sin duda, una cooperación más eficaz -bajo un modelo político de tipo federal- entre los distintos niveles, tanto administrativos como institucionales; según tal modelo político organizativo, de carácter federal, la Unión sería la única titular de las competencias más relevantes para todo el conjunto de la ciudadanía europea; correspondiendo por tanto a los Estados la tarea de organizar aquellas políticas más directamente vinculadas con el bienestar de las personas -las sociales, etc.⁽²⁹⁾ [32]. El nacionalismo excluyente, fanático, rancio y trasnochado, puede destruir el futuro del proyecto europeo integrador iniciado hace más de 60 años; el ideario nacionalista, entendido de forma errónea, es aquel que trata de contraponer -falsamente- los intereses particulares de los Estados miembros con los del conjunto de la Unión [Fernández (2010), op. cit., pp. 211-245].

Como muestra de las trágicas consecuencias de esa llamada irracional a la "sangre de los antepasados" y demás imaginarios, "patrioteros" y genocidas, conviene recordar las recientes guerras balcánicas; éstas, iniciadas a partir de los años 90 del pasado siglo al desmembrarse la antigua Yugoslavia del mariscal Tito, quebraron por primera vez la "idílica" avenencia y buen entendimiento que reinó entre nosotros tras la segunda guerra mundial; en ese caso, la incapacidad de los gobiernos europeos para ponerse de acuerdo dio más bríos a los culpables de aquella barbarie, triste y vergonzosa, en forma de limpiezas étnicas, desplazamientos masivos y forzosos de refugiados, etc.. Sin duda, tan sanguinarios episodios supusieron un serio fracaso de los ideales, democráticos y respetuosos con los derechos humanos, reflejados en los inicios del movimiento europeo post 1945; además, la actuación en el mencionado conflicto de los líderes de las grandes potencias europeas -Francia, UK- dejó bastante que desear, puesto que dichos dirigentes tan solo primaron los más indignos y zafios intereses nacionales y geoestratégicos sobre cualquier otra consideración humanitaria7. Tales conflictos demuestran la necesidad de una Europa, fuerte y unida, capaz de alzarse con una sola voz frente a todos aquellos que, prevaliéndose tan solo de la violencia armada, ponen en entredicho nuestros valores democráticos fundamentales.

Los europeos debemos alzarnos como una sola voz para que semejante tragedia no vuelva a repetirse; mientras sucedían tan tristes y lamentables sucesos, a las puertas mismas de la Europa más civilizada, ¿dónde dejamos nuestros ideales y valores, la defensa de la democracia (justa y progresiva en lo social) como el mejor sistema de gobierno?, ¿porqué callamos entonces ante semejante felonía, aprobando con nuestro silencio culpable toda suerte de matanzas por motivos étnicos, religiosos, etc.?, ¿no hemos aprendido nada del genocidio nazi, para evitar así que vuelvan a ocurrir en nuestro suelo hechos tan execrables como esos?...Europa no solo presenta su faz encarnada en las cimas más señeras del arte, la filosofía o la política mundiales; también existe otra, más aciaga y sombría, que corresponde a aquellas épocas en las cuales se han pisoteado los derechos humanos más elementales y básicos. Nuestra historia está plagada de lugares donde confluyen voluntades, afectos, intereses y sucesivos proyectos, en pos de los cuales dibujar un futuro común; a la vez, abundan igualmente los episodios violentos, donde priman los conflictos bélicos para resolver los desacuerdos entre las distintas naciones que conforman nuestro continente.

Toca acto seguido el análisis de las consecuencias del presente proceso integrador europeo, en continua marcha, respecto a la realidad mundial, claramente globalizada.

Notas

(1) La literatura, el cine y muchas otras manifestaciones culturales típicamente humanas, no tendrían sentido alguno, a lo largo del tiempo, sin la referencia al concreto espacio urbano que las enmarca; qué sería de los libros de viajes si omitiéramos los parajes allí descritos, cómo entender, por ejemplo, los viajes de Marco Polo sin su procedencia veneciana.
(2)Las distintas categorías en las cuales era posible dividir a los ciudadanos romanos han sido objeto de estudio por parte de numerosos autores -entre otros, el arriba citado-. El mencionado autor nos ilustra, además, sobre múltiples facetas de la península itálica bajo la férula romana; así, en cuanto a otros asuntos de interés para el presente trabajo, llama la atención la arquitectura auspiciada por Roma y su especial énfasis en resolver las dificultades de la vida diaria. Curiosamente, las escasas obras arquitectónicas griegas que han llegado hasta nosotros parece centrarse nada más que en los templos religiosos dedicados a los distintos Dioses del Olimpo y otras edificaciones públicas de semejante fin, cuya utilidad resultaba menos práctica. Solo cabe asombrarnos ante la magnificencia y monumentalidad de las imponentes construcciones públicas levantadas en la ciudad de Roma, todavía hoy subsistentes; en cualquier caso, sus edificios conforman un perfecto conjunto, típicamente urbano, cuyo "utilitarismo" resultaba bien visible. Sin perjuicio de lo anterior, uno también se queda pasmado por la sorpresa y emoción que causa contemplar, todavía hoy, la belleza de la Acrópolis ateniense, el teatro de Epidauro y demás obras magistrales griegas; yo he tenido la fortuna de sentir un verdadero éxtasis ante la vista de esas maravillas monumentales, fruto de la sensibilidad helénica y origen de cuanto, desde el punto de vista artístico, nos identifica como europeos.
(3) La obra citada estudia el significado de la obra agustiniana más conocida: la "Civitas Dei". La oposición realizada por el mencionado santo entre, de un lado, los ideales promovidos por la fe cristiana y, de otro, la realidad social de su tiempo, constituye, aún hoy, un análisis con pleno y absoluto vigor; es más, San Agustín, en dicha obra, sigue las enseñanzas del Platón, el cual también comparó en "La República" la realidad de las distintas ciudades estado griegas con los principios constitutivos de su filosofía.
(4) Los sindicatos británicos reaccionaron con honda preocupación ante el altísimo número de accidentes-enfermedades entre la clase trabajadora durante la primera revolución industrial; así, destacan igualmente los numerosos intentos del empresariado anglosajón encaminados a "rebajar" los derechos sindicales legalmente reconocidos a los trabajadores. En fin, hoy como ayer, parece que la historia se repite, con numerosas voces -las de las grandes empresas- que también anhelan esa consabida "rebaja" en cuanto al paquete de los derechos laborales reconocidos por el Ordenamiento Jurídico en vigor [Webb (2004. 1ª ed. 1920), pp. 279-306].
(5) [Gourou y Papy (1.975), pp. 275-284]. Es curioso como la propia ubicación de las distintas urbes se acomoda, lo mejor posible, a las distintas funciones (comerciales, defensivas, etc.) que éstas han ido desempeñando durante el sucesivo desarrollo histórico. Hoy día, las nuevas necesidades reclaman, a veces, un cambio en los emplazamientos urbanos, con los problemas que ello conlleva en los más antiguos.
(6) Ortega nos habla de la naturaleza dual del concepto de Europa, donde a la par de su homogeneidad brilla, también, la diversidad que diferencia y particulariza cada uno de los pueblos que la integran; así, la idea cristina engendra las distintas iglesias nacionales de los pueblos europeos, el recuerdo del imperio romano da lugar a las formas de Estado que se materializan en cada país de los que conforman el territorio continental, el ideal constitucionalista del siglo XVIII impulsa el despertar romántico de la respectiva conciencia diferencial de cada una de las nacionalidades europeas... En el fondo, la historia de Europa es la historia de la convivencia de los diversos pueblos que la componen; de ello, el espacio histórico donde se ha producido esa efectiva convivencia tiene mucha mayor importancia que su mero "marco" físico. Raley [(1977. 1ª ed. 1971), pp. 94 y 95] dedica su obra a estudiar el pensamiento de Ortega y Gasset sobre Europa; según Raley, Ortega define a Europa como el producto de la fusión de dos culturas: la germánica y la romana -en realidad, el concepto orteguiano de Europa no pasa por una mera cuestión geográfica, sino, más bien, por una perspectiva o modo de vida basado en la herencia recibida de una serie de ideales (Grecia, Roma, la cultural germánica, el cristianismo)-.
(7) [Sotelo (2003), pp. 23-61]. El autor recoge el pensamiento Orteguiano en cuanto al carácter dual de Europa, ya que podemos vislumbrar la existencia de un substrato común único para todos los pueblos que la componen y, de manera simultánea, las respectivas particularidades que individualizan a cada uno de ellos.
(8) Henry Kissinger -antiguo jefe del Departamento de Estado norteamericano-, bajo el mandato de varios Presidentes de su país, se quejaba en su momento de la falta de interlocutor válido cuando quería conocer la opinión de los europeos sobre cualquier asunto de la política internacional; para ilustrar esa idea, el astuto Kissiger comparaba la jaula de grillos europea con el modo de proceder por parte de los gobiernos chinos o soviéticos, en donde siempre había un solo interlocutor válido, dotado de plenos poderes, para tratar cualquier asunto. El mencionado exjefe del Departamento de Estado USA lo que venia a enfatizar con esas palabras era la realidad palpable, percibida por él mismo en el ejercicio de su cargo; esto es, la desunión de nuestros pueblos y, con ello, la inexistencia de una sola voz con la que Europa, en su conjunto, pudiese intervenir -de manera válida, constructiva y eficaz- en las relaciones internacionales; no se, verdaderamente, si el bajo perfil del hoy Presidente del Consejo Europeo -Sr. Herman Van Rompuy- haría posible tal interlocución en este momento, dada su clara ausencia de prestigio, liderazgo y proyección política de cara al exterior. Idénticos razonamientos a los ya expuestos sobre el Sr. Van Rompuy cabe aducir, entiendo, respecto a la Sra. Catherine Ashton, al frente ahora de la diplomacia continental europea; la inexperiencia en la esfera internacional de dicha representante de nuestra diplomacia tan solo contribuye, en verdad, a disminuir el peso e influencia común que debería correspondernos en ese ámbito.
(9) El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia, define el término europeísmo como aquel movimiento de ideas y acción política que propugna cierta unificación de los países europeos; sin perjuicio de ese deseo de una Europa unida, han subsistido sustanciales diferencias en torno a cual debe ser el fundamento de la misma. La referida temática será aludida más adelante. Fuente: http://buscon.rae.es/draeI [33]. Día de consulta: 7/03/2012.
(10) Nos referimos a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y, por último, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud; según informa "Diario Médico", de 9 de octubre de 2012, la Asamblea General de la Organización Médica Colegial ha aprobado la presentación de un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el antedicho Real Decreto 1192/2012, que regula la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia en el sistema nacional de salud (SNS), por "infringir el derecho a la igualdad y protección de la salud que tienen todos los ciudadanos".
(11) El proceso, mediante el cual ha sido posible la construcción europea, sigue aún su marcha [Linde y Mellado (2009), pp. 13-29]; los citados autores nos ofrecen una visión, detallada y dinámica, del sucesivo "tejer y destejer", cuan Penélope a la espera de Ulises, que parece regir el proceso por el cual se ha ido erigiendo Europa, desde el ámbito institucional político/económico. Tal proceso, abierto y sin concluir todavía, hace más inteligible, sí cabe, la propia naturaleza de las instituciones europeas; resulta de gran interés el estudio de dicho proceso constructor del edificio europeo que hoy todos conocemos, cuya dimensión económica/social se conjuga, perfectamente, con el proyecto de una verdadera unidad política [Fernández (2010), op. cit., pp. 211-255]. Por otro lado, conviene recordar las últimas incorporaciones al "club europeo" ordenadas cronológicamente: Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, República Checa, Polonia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre (2004), Rumania y Bulgaria (2007) y, en 2012, Croacia; evidentemente, los sucesivos países que desde 2004 se han integrado en la mencionada Unión no partían, en todos los casos, de un status homogéneo -piénsese, por ejemplo, el enorme atraso de todo tipo sufrido por los países europeos excomunistas, sitos tras el Telón de Acero desde 1945 hasta la caída del muro de Berlín (1989)-; así, entre tales incorporaciones hay gobiernos nacionales aquejados de escasa vocación europea, falta de democracia real, corrupción generalizada, caudillismo antidemocrático..en fin, la lista es larga. La única lección que cabe sacar de algunos gobiernos nacionales recién incorporados es la de que, a la postre, han rebajado la calidad democrática de las instituciones europeas, al incluir en su seno a países totalmente alejados de dicho ideal por las más diversas causas; la más reciente demostración de cuanto decimos es el modo de hacer del último gobierno Magiar, caracterizado por un marcado carácter dictatorial extraño a los principios comunitarios y cuyo eco ha saltado a la prensa más solvente. No presagian nada bueno esas derivas de líderes iluminados, como la de los dirigentes húngaros hoy en el poder, infractoras de la verdadera separación de Poderes, el Imperio de la Ley y demás notas características del Estado de Derecho.
(12)El solar europeo acoge, igualmente, a una gran parte de las mayores empresas multinacionales del mundo (Airbus, etc.), de gran éxito económico, las cuales suelen trabajan unidas en forma de lobbys para influenciar en los ámbitos políticos comunitarios de decisión. Fuente: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_es.html [34]. última consulta: 31/01/2012.
(13) El mencionado Tribunal, creado en 1952, tiene por misión la de garantizar el respeto del Derecho comunitario en la interpretación y aplicación de los Tratados. En el marco de esa tarea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 1º controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión Europea; 2º vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados y 3º interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. El citado Tribunal es la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión; tal Órgano Jurisdiccional, con sede en Luxemburgo, está integrado, a su vez, por otros tres Tribunales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General (1988) y el Tribunal de la Función Pública (2004) [ver Fernández (2010), op. cit., pp. 339-340].
(14) Según los tratados constitutivos comunitarios, quien es ciudadano nacional de un país miembro también lo es de la Unión. Los derechos, inherentes a esa denominada ciudadanía de la Unión, se delimitan de la siguiente manera: 1º la libre circulación y residencia en todo el territorio comunitario, 2º el sufragio activo -poder elegir- y pasivo -poder ser elegido- en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo que se celebren en el Estado de residencia, 3º Protección diplomática y consular y 4º petición y recurso al Defensor del Pueblo europeo; los referidos derechos no limitan el contenido jurídico correspondiente al estatus de nacional, fijado respectivamente por la normativa ad hoc de cada Estado Miembro [Tamames y Gallego (2006), p. 166]. Por otro lado, el vigente Tratado de Lisboa, ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, establece, nada más y nada menos, que una carta de derechos fundamentales para la ciudadanía; el contenido de tales derechos tendrá plena eficacia jurídica en todos los Estados miembros -excepto UK, Polonia y República Checa-, tras su oportuna ratificación, pudiendo solo entonces ser aplicados mediante las respectivas resoluciones judiciales en forma de sentencia firme. El referido Tratado da más poderes a la Eurocámara, sí bien, como elemento negativo, dificulta o impide que los Estados miembros disfruten de diferentes niveles de integración -lo cual sí sucede en el caso del Euro o la seguridad común (Schengen)-.
(15) El gran logro de los juristas romanos pasa por separar, con plena nitidez e independencia, la esfera religiosa (sometida al ius divinum que establece el colegio sacerdotal -pontífice maximus-) de la esfera mundana o civil (regida por el ius humanum, es decir: las normas dictadas por el Monarca, Senado, Príncipe o Emperador); ninguno otro pueblo hizo tal distinción durante aquella época. Similar loa merece la teoría romana del negocio jurídico, cuya impronta sigue hoy viva [Álvarez (1976), pp. 141-158]; por otro lado, los principios jurídicos que crearon los jurisconsultos romanos clásicos aún perviven gracias a su incorporación a las Resoluciones Judiciales, en forma de Sentencias, dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, vino a reconocer mediante un Fallo de fecha 25 de febrero de 1969 (Causa Judicial 23/68), que el Derecho Romano es la raíz común de los principios generales de los Derechos nacionales de los Estados miembros; lo interesante de tal reconocimiento es la posibilidad de articular una unión de los pueblos que conforman la Europa que hoy conocemos -no solo en el plano económico sino también, y lo más importante, desde lo político y jurídico- sobre la base de dichos principios, cuyo fundamento último descansa sobre la magna obra y tradición de los juristas romanos [Bravo (2007), pp. 57-72]. Así mismo, como señala Camacho (1980, pp. 23-33), estudiar en este momento el derecho romano es útil por diversas razones; entre otras, destacan: 1º los conceptos e instituciones, propios de sus jurisconsultos, resultan imprescindibles para conocer el derecho vigente hoy día, debido al enorme valor práctico que todavía éstos atesoran (el Derecho Romano nació y se perfeccionó por y para responder a las exigencias concretas de la vida humana), 2º la brillantez de la argumentación/lógica jurídica que lo sostiene, fruto de la dilatada existencia del mismo a través de lo siglos, ofreciendo así la mejor formación al jurista de nuestro tiempo y 3º el Derecho Romano es una de las fuerzas esenciales que asegura la pervivencia de la cultura europea de cara al presente y futuro -amén de permitir su adecuada interpretación-; el derecho que creó el pueblo romano a lo largo de su existencia constituye, sin duda, uno de los factores preponderantes que están en el origen de nuestra civilización continental.
(16) Es en la obra de Inmanuel Kant, titulada "Hacia la paz perpetua" (2011. 1ª ed. 1795), donde el referido filósofo idea un claro antecedente de lo que, más tarde, vendría a constituir el movimiento unificador europeo que todos conocemos; para que tal unión tuviese éxito, sería necesaria -a tenor del pensamiento manifestado por Kant- la creación de una República Universal, basada en la libre voluntad asociativa de sus Estados miembros, cuyo principal propósito fuera el del logro de la paz perpetua -de ahí el título de dicha obra- entre los diversos pueblos. Sin duda, loable objetivo, para lo cual el citado autor prusiano -que nunca se alejó demasiado de su Königsberg natal- establece una serie de leyes -de naturaleza jurídica-, mediante las cuales el ciudadano puede ejercer su libertad en armonía con el entorno social circundante. El antedicho autor alude a una determinada forma de gobierno -la Constitución Republicana-, entendida como aquella opuesta por completo a la más arbitraria y despótica tiranía; ese texto constitucional es el único válido, por cuanto no solo nace del acuerdo adoptado entre ciudadanos libres sino que, también, establece reglas comunes e iguales para todos, sin excepción. Sin duda, la obra comentada tuvo la virtud de "adelantarse en el tiempo", al atisbar, siquiera a modo de esbozo, el proceso de construcción europea que hoy, pese a sus vacilantes pasos, parece haber alcanzado ya la categoría de realidad irreversible y común entre nosotros; como bien adivinó el autor en su antedicha obra, poco a poco, la propia convivencia pacífica de los pueblos europeos desterrará, para siempre, el recurso a la guerra para dirimir las controversias entre naciones hermanas.
(17) El informe Beveridge sostiene un modelo protector del ciudadano, de carácter público, desde la cuna hasta la tumba; en claro contraste con dicha óptica, obsérvese que los "ataques" globalizadores hacia la soberanía Estatal debilitan el paraguas tuitivo -vía prestaciones sociales- que ésta provee para el débil.
(18) No podemos olvidar que la civilización europea siempre ha ido por delante, en términos de avance hacia un mayor progreso, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos/sociales y las libertades fundamentales (individuales/colectivas). A principios del siglo XIX, un famoso pensador [Weber, (1985. 1ª ed. 1904), p. 10] introduce una de sus más reconocidas obras mediante ésta pregunta: ¿qué serie de circunstancias han determinado que precisamente solo en Occidente hayan nacido ciertos fenómenos culturales, que (al menos, tal como solemos representárnoslos) parecen marcar una dirección evolutiva de universal alcance y validez?. En realidad, el Occidente estaría formado por todos aquellos territorios, colonizados por las potencias europeas, donde no predomina el Islam y su visión del mundo (así, podría hablarse del Occidente, propiamente europeo y circunscrito a nuestras fronteras continentales, el Occidente norteamericano y un Occidente latinoamericano).
(19) El proceso integrador comunitario llegó a su punto álgido con el establecimiento de la moneda única, donde los Estados transfieren su soberanía macroeconómica a favor del Banco Central Europeo; sin embargo, la precitada arquitectura de carácter económico, sustentada sobre la creación de una moneda común, no tenía en cuenta la realidad: esto es, en primer lugar, la existencia de las diversas e independientes soberanías nacionales en términos de políticas públicas de carácter fiscal/presupuestario y, en segundo, los enormes desequilibrios macroeconómicos estructurales (paro, inflación..) presentes entre los socios de la Zona Euro. Otro elemento, de fundamental importancia, que tampoco se consideró relevante en ese momento, fue el de las enormes diferencias de mentalidad presentes entre nosotros; un europeo del Báltico suele ver la vida bajo un prisma o patrón, bien distinto al de quien viva en Cádiz, por poner un ejemplo. Sin perjuicio de todo ello, como regla general, la economía no puede reducirse a un mero y simple listado de relaciones entre mercados/precios/cantidades sino que, al mismo tiempo, siempre hay que considerar el papel de las diversas políticas públicas que competen a la respectiva autoridad -ya sea Local, Regional, Estatal o Comunitaria-; en ese sentido, el diseño del Euro adoleció, en el mismo momento en el cual fue concebido, de una única autoridad política suprema -con idéntico ámbito territorial que el monetario-, donde también residenciar los más esenciales aspectos (hacendísticos y de gasto público) derivados de la nueva moneda común.
(20) La cooperación reforzada, muy discutida desde su nacimiento, admite que los miembros comunitarios configuren una geometría variable por la cual estrechar los vínculos entre quienes deseen llevarla a cabo; tal instrumento cooperador ha servido como punta de lanza que, al fin y a la postre, incorpora sus logros al acervo comunitario -la citada cooperación no deja espacio alguno al veto-. Las cooperaciones reforzadas no deben dar lugar a diferencias lacerantes entre los miembros de la Unión Europea, ya que ha de preponderar una perspectiva integradora común.
(21) El mencionado proyecto de Constitución comunitaria, cuyo borrador perfiló la "Convención" reunida al efecto, señalaba entre sus objetivos los siguientes: 1º promover la cohesión económica y social y 2º un alto nivel de empleo y protección social, así como la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia; sin duda, los principios políticos democráticos especifican la idiosincrasia particular de la Unión Europea, fundada sobre una "comunidad" que comparte idéntica civilización.
(22) A título de anécdota, aún recuerdo un anuncio televisivo, emitido durante los años 90 del siglo pasado en una cadena de la televisión por satélite -Skychannel-, donde una gran multinacional nipona de la industria del motor -Toyota, creo recordar-, ya publicitaba sus vehículos en inglés bajo el slogan "coches construidos para un país llamado Europa". Un slogan como ese demuestra que la unidad de nuestros pueblos siempre ha parecido ser mejor percibida -y, quizás, más deseada- fuera de nuestras fronteras que, incluso, dentro de las mismas; además, como bien demuestra tal anuncio automovilístico, la unión de los europeos también resulta deseable desde criterios puramente economicistas, toda vez que estaríamos hablando de un solo mercado, pero con una escala geográfica continental.
(23) El capitalismo democrático no se consolidó hasta después de la segunda guerra mundial -y, entonces, no en todo el planeta sino tan solo sobre una parte del mismo: el hemisferio "occidental": USA y Europa occidental-; desde 1945 hasta 1970, los mercados capitalistas y la política democrática no tuvieron apenas tropiezos en dicha zona geográfica. Desde 1970 en adelante, capitalismo y democracia dejaron de entenderse hasta el punto de entrar en permanente conflicto; la excesiva inflación, el déficit y endeudamiento público elevado significan el incumplimiento de las leyes "naturales" de la economía, las cuales tan solo predican la más estricta austeridad/equilibrio presupuestario. Además, tales supuestos de políticas públicas, expansivas en el gasto, suponen una injerencia ilícita en el ámbito de la libertad individual [Streeck (2011), pp. 5-26].
(24) No cabe duda que una austeridad, a ultranza, en las cuentas públicas dificulta extraordinariamente toda clase de función redistributiva por parte de los presupuestos estatales; ello disminuye la equidad/justicia en la distribución de la renta entre la ciudadanía, al reducirse así drásticamente la protección social que ofrece el Estado para aquellos más desfavorecidos. Así mismo, como demuestra la realidad de nuestros días, la austeridad, a ultranza, tampoco parece ser el mejor remedio para salir de la penosa situación en la cual se encuentra hoy la economía europea; Grecia, pese a su espectacular caída en el gasto público, más idéntica subida en la carga discal e impositiva allí aplicada, sigue, a modo de símil gráfico, en el "fondo del agujero" -y sin expectativas de salir de el por mucho tiempo-. Los excesivos ajustes, en cuanto al gasto público, no solo desincentivan la actividad económica sino que, además, están generando un enorme rechazo social hasta el punto de poner en peligro, incluso, el propio sistema político representativo que denominamos democracia; el descontento mayoritario de la ciudadanía, ante tales programas de ajuste o reducción brutal del gasto público, suele manifestarse en forma de explosiones callejeras violentas, cuyo control por parte de las fuerzas de seguridad estatales resulta cada vez más difícil. Así mismo, el pueblo llano sigue sin comprender porqué las consecuencias negativas de la actual crisis tan solo recaen sobre sus espaldas, quedando eximidos de ellas sus verdaderos causantes; esto es, los banqueros y políticos que actuaron de manera irresponsable e imprudente, en contra del interés general y únicamente en pos de su particular y máximo beneficio. Los pobres, por desgracia, son eso: pobres, en cuanto carentes de recursos; pero tal circunstancia no significa que, también, sean tontos y no tengan ojos en la cara para ver lo que acontece a su rededor. El pueblo es sabio y, después de todo lo vivido hasta ahora, se sigue preguntando dónde está la "Europa social" de la que tanto "se han llenado la boca" los representantes políticos, empeñada en defender a los más pobres.
(25) Fuente:http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/treaty-on-stability,-coor..... Consejo Europeo- Firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Fecha de consulta: 26/9/2012
(26) Conviene aclarar, de todos modos, que esa simple disponibilidad de dichos instrumentos de ayuda, por parte de la Unión Europea, solo tienen un efecto tranquilizador temporal y limitado en el tiempo sobre los mercados de deuda, así como sobre su percepción acerca de la solidez/solvencia de la economía española en su conjunto; pese a la disponibilidad de tales instrumentos comunitarios -lo que algunos denominan como "rescate virtual"-, sí el gobierno español no elimina por completo, y en breve, el gasto público, superfluo e improductivo, tendremos que abonar un mayor interés por el dinero prestado. Por desgracia, el presidente Rajoy sigue absorto en su mundo ideal, "deshojando la margarita" sobre si pedir o no una nueva ayuda, en las condiciones arriba señaladas, pese a lo calamitosos de nuestros presentes -y, peor aún, futuros- "augurios" económicos; digan lo que digan los medios de comunicación adictos al poder, las medidas hasta ahora adoptadas no parecen ser "la panacea" salvífica defendida por el gobierno. Aún con todos los recortes hasta ahora llevados a la práctica, el déficit público sigue en franco ascenso; ello significa que no se van a cumplir, en modo alguno, las muy optimistas previsiones del Ministerio de Economía sobre dicha materia, realizadas a principios de año. Salta a la vista, DE NUEVO, para cualquier observador imparcial y desapasionado, la necesidad (insoslayable e inmediata) de pedir una nueva ayuda a Europa -esta vez, la compra de deuda soberana mediante los mecanismos antes aludidos-; tan solo así podrá el Estado enjugar, siquiera en parte, su deuda, garantizando igualmente el mantenimiento de, al menos, aquellos servicios públicos más valorados por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, garantizan cierta paz social (sanidad, educación y pensiones, principalmente). Más aún, si tenemos en cuenta el muy serio intento de ruptura del consenso constitucional sobre la "España de las Autonomías" -la forma de Estado autonómico-, hasta ahora vigente, que los nacionalismos independentista -el catalán y vasco- más extremistas, insolidarios y atávicos están librando de modo encarnizado; esa "guerra de desgaste" de los nacionalistas periféricos contra el Estado Español sucede, justo ahora, por la extrema debilidad en la cual se encuentra éste último, sin liquidez apenas para su normal funcionamiento.
(27) Además de los parados, otra víctima de la presente crisis es el propio sistema político representativo democrático; el caso español es claramente ilustrativo de lo dicho, ya que la ciudadanía achaca la culpa de la actual ruina económica a una clase política corrupta, centrada nada más que en defender, a cualquier precio, sus ventajas como casta o grupo cerrado. Sin perjuicio de compartir -siquiera en parte- la verdad de ese razonamiento, es indudable que no todos los que desempeñan cualquier clase de actividad política incurren en el delito o falta continua de prevaricación o cohecho; una afirmación tan generalista como esa seria, por su propia naturaleza abstracta e inconcreta a modo de "causa general", esencialmente mendaz y falsa. La practica de la actividad policía en España debe cambiar radicalmente; el motivo más importante para ello es el del creciente abstencionismo -es decir, la ciudadanía ya no confía en quienes se dedican a la política activa y, por eso mismo, no ejerce su derecho al voto en las correspondientes citas electorales-; los españoles estamos hartos de unos partidos políticos que, sean cuales sean sus siglas, solo protegen los intereses de sus miembros más destacados y no los intereses generales de la ciudadanía. Como decía Churchill, "la democracia es el sistema político menos malo que conozco"; es indudable que el parlamentarismo representativo democrático admite numerosas mejoras -sobretodo, el español-, pero, sin menoscabo de ello, es el único que garantiza la igualdad de todos ante la ley (un hombre/una mujer=un voto), tanto en derechos como obligaciones, más allá de las particulares circunstancias (personales o económicas) que nos adornan a cada uno de nosotros. Por otro lado, al hilo de numerosas voces que comparte idéntico clamor, la democracia española está secuestrada por los partidos políticos -claramente "clientelistas"- que, con cada vez mayor poder, intervienen y controlan, a su libre y particular conveniencia, todas las esferas de lo público y privado hasta hacerlas plenamente suyas; sirva, como botón de muestra, que la Junta de Andalucía es, a juicio de numerosos andaluces, "propiedad" del Psoe, por ser éste el único partido hegemónico en el poder desde el nacimiento de nuestra comunidad autónoma -hace más de 30 años-. Los partidos, sea cual sea su color, "compran" los votos a cambio de un puesto de trabajo, subsidios, ayudas... Tal vez, esa sea la mayor corrupción; esto es, confundir el interés general con el particular de cada uno de los beneficiados por dicha red "clientelar", de compra-venta.
(28) El libro aquí citado [Ayala (2004), pp. 11-25] ofrece un profundo análisis de las relaciones entre las distintas instituciones (jurídicas, políticas, sociales, etc.) y el funcionamiento de la economía; se plantean y abordan las relaciones entre los aspectos institucionales, por un lado, y los puramente económicos o cuantitativos, de otro. Las instituciones básicas, presentes en toda sociedad humana, comportan un elevado componente cultural que escapa a los estrechos límites ínsitos a toda clase de derivada, curva diferencial y asimilados; entendemos por instituciones, aquel conjunto de reglas y normas que articulan y organizan las interacciones (económicas, sociales y políticas) entre los individuos y los grupos sociales. La eficiencia y bienestar son, normalmente, el resultado de un conjunto formado por instituciones de todo tipo -sociales, económicas, culturales, políticas, etc.- que interactúan entre sí de modo armónico, coordinado, permanente y funcional; esas instituciones tienen un claro contenido histórico, que va construyéndose a lo largo del tiempo, dentro de un marco económico y social concreto, en donde priman una serie de convenciones, tradiciones, creencias y demás elementos de orden civilizador. Respecto al concepto de "marco institucional", desde una perspectiva económica [Tamames y Gallego, op. cit., pp. 510], éste se define con el siguiente tenor: "lo que envuelve a la estructura económica, y viene configurado por el conjunto de instituciones que caracterizan el sistema económico en su organización yfuncionamiento; piezas fundamentales de dicho marco son las referentes a la regulación del derecho de propiedad, la moneda, la fiscalidad, el régimen de comercio exterior, la seguridad social, etc.". El concepto así expresado viene a incidir sobre una perspectiva esencial; esto es, las regulaciones jurídicas que dichos autores mencionan -junto a otras de similar importancia- son insustituibles para asegurar la buena marcha de aquellos sectores básicos -también de orden económico- mediante los cuales se desarrollan las relaciones humanas.
(29) La referida propuesta aparece en un artículo, escrito por el citado Presidente de la Comisión Europea, que se ha publicado en prensa -"EL MUNDO", de 18 de septiembre de 2012, p. 19-; Durao Barroso reconoce en la referida misiva que es necesaria llevar a cabo una profunda unión económica, si bien sobre las bases de una fuerte unión política de los Estados miembros que respete sus libertades y diferencias -no se trata de crear un SuperEstado europeo, que elimine la rica diversidad de todo tipo existente entre nuestros pueblos-. Por otro lado, dicho artículo defiende el modelo social europeo, lejos de considerarlo una rémora para el crecimiento y la prosperidad.

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